El proceso catalán tiene ya sus primeros presos políticos. Los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, responsables de las multitudinarias manifestaciones soberanistas en las que no se ha roto un plato, han pasado su primera noche en la cárcel de Soto del Real por orden de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. La misma que mantiene entre rejas a los jóvenes de Altsasu. El conflicto catalán, que transita desde hace mes y medio territorio ignoto, entra en una nueva dimensión. Nadie sabe lo que vendrá a partir de ahora, pero el impasse imperante desde el 10 de octubre llegó ayer a su fin.

Lo que parecía una estrategia escalonada y convenientemente medida por parte del Estado, que hasta ayer devolvió con facilidad cada pelota lanzada desde la pista catalana, saltó por los aires en la Audiencia Nacional. El mismo espíritu diplomático español que ayer sentó a una delegación de representantes tunecinos en el Senado bajo un inmenso tapiz de las tropas españolas invadiendo Túnez en el siglo XVI. La misma escena tantas veces vivida en Euskal Herria, que provocó un escalofrío colectivo tanto aquí como en Catalunya. Nada será como hasta ahora. No puede serlo.

La reacción fue inmediata y espontánea en calles, plazas y hogares. El número de cacerolas abolladas en Catalunya es incalculable. Ayer sonaron como nunca. Para hoy ya hay convocados un parón general a las 12.00 ante los lugares de trabajo y concentraciones silenciosas a las 19.00 ante las delegaciones del Gobierno español en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona –a la misma hora, Gure Esku Dago convoca también concentraciones de solidaridad en los municipios de Euskal herria–. Solo es un anticipo de lo que, a buen seguro, llegará los próximos días, cuando Catalunya digiera el shock emocional que supone el encarcelamiento de los líderes de las dos principales entidades soberanistas.

Y es que cualquier previsión sobre el calendario fue convertido en ceniza pasadas las 21.30, cuando la juez Lamela hizo pública su decisión de enviar por primera vez en cuatro décadas a alguien a la cárcel por un supuesto delito de sedición –el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y la intendente Teresa Laplana están acusados del mismo delito, aunque fueron puestos en libertad con medidas cautelares–. El president, Carles Puigdemont, había dado dos meses de margen a la tentativa de abrir el diálogo; mientras que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, dio tres días más, hasta el jueves, para que el Govern volviese a la legalidad antes de aplicar el artículo 155 de la Constitución. Todo quedó caducado a última hora del día y todo queda a la expectativa de la respuesta política que Govern y Parlament den al encarcelamiento de Cuixart y Sànchez.

Por la tarde JxSí y la CUP decidieron suspender el pleno ordinario previsto para mañana, pero se guardaron la posibilidad de convocar una sesión extraordinaria si los acontecimientos así lo requerían. La demanda de la CUP y de sectores de ERC y del PDeCAT para proclamar de forma efectiva la independencia ganó anoche más adeptos que nunca, aunque habrá que esperar a las próximas horas para ver si se concreta o no.

¿«Parlem»?

El jarro de agua fría es descomunal para todos los sectores que en los últimos días hicieron bandera del «ni DUI ni 155», empezando por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que por la mañana exigió a Puigdemont que no declarase la independencia y por la noche tildó de «barbaridad» el encarcelamiento de Sànchez y Cuixart. También lo es para el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que la semana pasada justificó la aplicación del 155 en caso de declaración de independencia y que anoche criticó el encarcelamiento por «desproporcionado».

Si alguna virtud tenía mantener la mano tendida al diálogo sin proclamar de forma efectiva la independencia era evidenciar –de forma dramática, como se ha visto– que resulta imposible negociar con el Estado español. Queda pues demostrado. En consonancia, el papel de los comuns será importante a partir de ahora.

También lo será el de Europa. Visto lo visto, el independentismo hará bien en no confiar demasiado en las instituciones europeas, pero puede esperar cierta comprensión –aunque sea privada– ante la decisión del Estado español. Más aún teniendo en cuenta que ayer ministros de exteriores como el alemán, Sigmar Gabriel, o la sueca, Margot Wallström, alabaron el tono de Puigdemont y vieron una puerta abierta al diálogo. No fue fácil para España explicar los porrazos a las urnas el 1-O y no será fácil vender el encarcelamiento de unos «sediciosos» que en cada párrafo de sus discursos apelan al civismo, la serenidad y la acción pacífica.

Pero conviene no magnificar la capacidad de reacción europea, vista la capacidad de algunos –véase al lehendakari Iñigo Urkullu– de restar importancia a los encarcelamientos y seguir anclados en la demanda de un diálogo que ayer el Estado encerró bajo llave en la prisión de Soto del Real.

Intercambio epistolar caduco

El encarcelamiento nocturno de Cuixart y Sànchez eclipsó el que, en un principio, era el principal foco informativo del día: el cruce de cartas entre Puigdemont y Rajoy previo a la aplicación efectiva del artículo 155 de la Constitución. Valga como resumen que el catalán mencionó en su misiva 12 veces las palabras diálogo, negociación y acuerdo, y que el español repitió otra docena de veces las palabras ley, legalidad y Constitución.

La principal novedad del texto de Puigdemont fue la fijación de un plazo –dos meses– para la intentona de diálogo; mientras que, por parte de Rajoy, la ausencia de novedades fue absoluta. El presidente del Gobierno español rechazó la respuesta de Puigdemont a su requerimiento sobre si el pasado martes 10 de octubre declaró la independencia o no, por lo que abrió el segundo plazo para que el Govern detenga sus actuaciones y regrese «a la legalidad». Si Puigdemont no lo hace, será el jueves, a partir de las 10.00, cuando Moncloa activará el segundo paso para aplicar el 155 y tomar el control de las instituciones que considere necesarias. Para ello, deberá remitir un detallado informe al Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta.

Pero falta mucho para el jueves, aunque solo sean dos días. Puigdemont aseguró ayer en su misiva que no realizó la oferta de diálogo «como una demostración de debilidad, sino como una propuesta honesta». El Estado demostró horas después que no lo entendió así, ni mucho menos, y le mostró al independentismo el camino que le espera si continúa formando parte del Estado español.

«Es una muy mala noticia. Pretenden encarcelar las ideas, pero hacen más fuerte la necesidad de libertad»

CARLES PUIGDEMONT

President de la Generalitat

«Dirigentes pacíficos a la cárcel. Injustificable. No estáis solos, os queremos en casa»

CARME FORCADELL

Presidenta del Parlament

«Rechazo frontal a la prisión preventiva por convocar una manifestación pacífica. Es una barbaridad»

ADA COLAU

Alcaldesa de Barcelona

«Toda acción política que se judicializa en un ámbito penal resulta preocupante y provoca tensionamiento»

IÑIGO URKULLU

Lehendakari de la CAV