48 personas fueron procesadas por la Audiencia Nacional acusadas de «integración» o «colaboración» con ETA por su labor en defensa de los derechos de los presos en diferentes organismos. Este sábado algunos de ellos, junto con representantes del ámbito político, sindical y social vasco han comparecido en Donostia para informar sobre las peticiones fiscales que afrontan.

Según han informado esta misma semana, estas peticiones son «altísimas», y así ha sido: la suma de las peticiones de cárcel es superior a los 600 años en total; la Fiscalía pide entre ocho y 20 años para cada uno de ellos. Los procesados han ratificado su postura en defensa de todos los derechos humanos para todas las personas, de la actividad democrática y a favor de una paz «integral».

Representantes de los 48 procesados han ofrecido una rueda de prensa en el parque de Aiete, arropados por personas de diversos ámbitos de la sociedad, como los secretarios generales de ELA y LAB, Txiki Muñoz y Garbiñe Aranburu, el internacionalista Jesus Valencia o el neurólogo Luis Galdos. La periodista Ekhiñe Atorrasagasti y la abogada y participante del movimiento feminista Begoña Zabala han leído un comunicado que lleva como título «Derechos humanos. Democracia. Futuro».

En él han recordado que en otoño de 2013 comenzó la operación policial contra el movimiento Herrira. Posteriormente, fueron detenidos los abogados que defendían los derechos de los presos de EPPK, los mediadores de dicho colectivo, integrantes de la asociación de familiares Etxerat y miembros de Jaiki Hadi, que trabaja en el ámbito sanitario. En total, 48 personas, de las cuales 11 fueron encarceladas de manera preventiva.

Con mucha preocupación

Hace escasas fechas han recibido «con mucha preocupación» los escritos y las peticiones penales de la Fiscalía y las acusaciones particulares. Han subrayado la «gravedad de la situación», por el agravio judicial y policial a la vida de estas 48 personas y por los efectos que macrosumarios como este puedan tener en el actual contexto político y social en el que «la ciudadanía, en su pluralidad, quiere hacer frente a los problemas desde parámetros democráticos y pacíficos».

Han apuntado que a estas personas se les acusa de un delito de «terrorismo» por actividades referidas a los años 2012, 2013 y 2014, es decir, tiempo después de que ETA dejase su actividad armada en octubre de 2011. Estas acciones han sido, además, «públicas y transversales» y han estado encaminadas «a defender los derechos humanos, la resolución y la paz». «Creemos que trabajar en favor de la paz nunca puede ser delito».

Han añadido que en este tiempo en que los diferentes agentes sociales, políticos y sindicales, así como las instituciones, están compartiendo agendas por la paz, es «increíble» que la situación de las personas presas y exiliadas no cambie en positivo.

Han invitado a la sociedad vasca, especialmente a los agentes, a seguir trabajando en este marco de una agenda compartida por la paz.