El president Puigdemont evocó el sábado noche la disolución de la Generalitat por Franco en 1939 como precedente de la situación actual. Y el mismo día, el entrenador Pep Guardiola apuntó desde Manchester que las instituciones catalanas son «más antiguas que las españolas». Efectivamente, la colisión Catalunya-España tiene mucha enjundia histórica, y hay que irse no solo al siglo XX sino también al XVIII para encontrar precedentes de este 155.

Aunque suene estrambótico, algunas medidas anunciadas por Rajoy suenan más a 1716 que a 1939, cuando Franco simplemente suprimió la autonomía y con ella la Generalitat. El llamado Decreto de Nueva Planta impuesto por Felipe V hace 301 años establecía un régimen colonial que encaja más con la afirmación del presidente español de que esta es una intervención no suspensoria y pretendidamente provisional. Así, subrayan los historiadores que en aquel momento se determinó que era mejor no derogar el Derecho Civil catalán, como sí se había hecho con el valenciano, pero dejando claro que todas las leyes que habían regido hasta entonces en Catalunya quedaban sometidas a las estatales.

El Decreto borbónico que sucedió a la destrucción de Barcelona en 1714 impuso que Catalunya fuera gobernada desde Madrid con una estructura llamada Superintendencia, que se encargaría entre otras cosas de recaudar los tributos y suena mucho al «órgano colegiado» que Rajoy tiene in mente para gestionar toda la Generalitat, incluidos sus ingresos. Otros objetivos de aquella norma eran asegurar el poder del rey y mantener una unidad legislativa para todo el Estado. El Principado de Catalunya pasó a ser una provincia española más. Frente a la apuesta de los Austrias por un Estado «horizontal», basado en la unión libre de diferentes entidades políticas, se impuso la idea borbónica de una «España vertical», centralista y con epicentro en Castilla. El afán de venganza de Felipe V hizo el resto: Catalunya había apostado por los Austrias en esa Guerra de Sucesión (1701-1713) y ofreció enorme resistencia en Barcelona hasta el Onze de Setembre de 1714, que se rememora en cada Diada.

Como recordó también Puigdemont en su declaración institucional, el autogobierno catalán ha repuntado tras todas sus crisis. La actual Generalitat tiene raíces profundas que llevan hasta el siglo XII, cuando dentro de la Corona de Aragón se crearon las llamadas Cortes Catalanas. En 1289 darían pie a la Diputación del General, primero con atribuciones fiscales y después también políticas.

Sobre esa base histórica la Generalitat resurgió en 1931, nada más proclamarse la II República, primero de modo simbólico y en 1932 ya con Estatut. Sobra decir que la experiencia fue fugaz, aunque dejó episodios tan intensos como el intento de declarar la República catalana de Lluís Companys (dentro de una Confederación española) en octubre de 1934, muy mentado estos días.

El franquismo ni siquiera esperó a acabar con la guerra para liquidar el Gobierno catalán. Lo hizo una orden de Serrano Suñer el 15 de enero de 1939: los edificios de la Generalitat pasaban a manos de las diputaciones provinciales y sus funcionarios cesaban en sus funciones, una amenaza que se reproduce hoy en caso de que desatiendan las instrucciones que se dictarán desde Madrid.

Hay un episodio llamativo de esta breve etapa. ‘‘La Vanguardia’’ ha recordado que tras los hechos del 6 de octubre de 1934 «las facultades concedidas» a la Generalitat fueron suspendidas por una ley específica de las Cortes españolas. Sin embargo, el entonces president del Parlamento, Antoni Martínez Domingo, recurrió al Tribunal de Garantías Constitucionales, y ese TC de la época le dio la razón y rehabilitó a la Generalitat. Francamente difícil de imaginar hoy...

La institución que se dispone a asaltar el Estado español sería reinstaurada el 29 de setiembre de 1977, por tanto un año antes de la Constitución, en un claro guiño al soberanismo catalán para que avalara este régimen remozado que hoy salta por los aires. Justo un día como mañana de hace 40 años Josep Tarradellas, president en el exilio, volvía a la Plaza de Sant Jaume. Hoy el PP presenta el destino de Puigdemont más cercano al de Companys que al de Tarradellas, el Estado ultima la Superintendencia que gestionará la «Generalidad» y Felipe VI emula a Felipe V, como si entre medio no hubieran pasado tres siglos, ni siquiera 80 años.