En su auto, citado por la agencia Efe, la titular del Juzgado número 9 de Barcelona ha admitido a trámite la denuncia que la CUP presentó contra la Policía española, a la que acusó de delitos contra la inviolabilidad domiciliaria y otras garantías de la intimidad cometidos por funcionario público, así como de coacciones graves.

La denuncia fue motivada por el despliegue de más de un centenar de agentes de la Policía española el pasado 20 de setiembre ante la sede de la CUP, donde permanecieron durante cerca de seis horas mientras centenares de personas se concentraron para impedir la entrada de los agentes en el local del partido político.

En esa actuación, que coincidió con la jornada de detenciones y registros ordenados por un juez de Barcelona que investiga los preparativos del referéndum, la Policía acabó retirándose de las puertas de la sede de la CUP sin entrar en el local, para lo cual no tenía orden, tras limitarse a requisar material de propaganda relativa al 1-O a varios militantes que lo estaban cargando en un vehículo.

La juez de Barcelona considera en su auto que los hechos relatados por la CUP en su denuncia podrían ser «constitutivos de infracción penal», por lo que ha enviado un oficio a la Dirección General de la Policía para que le remita un informe «sobre su actuación» ese día.

En la denuncia presentada por la CUP, el partido acusa al citado cuerpo de llevar a cabo «una actuación más propia de una organización mafiosa que de un organismo público», por haber acudido a su sede sin orden judicial.

La CUP mantiene en su denuncia que los agentes se incautaron del material electoral, sin entregar a los militantes ningún acta, y que los policías tenían la intención de acceder al interior de la sede del partido pese a no tener orden judicial alguna para hacerlo.

Mientras los agentes aguardaban durante casi seis horas frente a la sede de la CUP, un amplio grupo de personas se acercó al lugar para mostrar su apoyo a la formación anticapitalista.

Según añade la CUP en su denuncia, la intervención policial supuso un «ataque a la libertad política» por cuanto los agentes intentaron acceder a un local de una organización política.