La Fiscalía General del Estado español presentará este lunes la querella contra los miembros de la Mesa del Parlament de Catalunya y del Govern por un delito de «rebelión» tras la declaración de independencia.

El Ministerio Público anunció la pasada semana la preparación de una querella inicialmente contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, si bien incluirá en la misma al vicepresidente Oriol Junqueras y al resto de miembros del govern tras quedar constituida la República catalana.

Además del delito de «rebelión», se están investigando otras calificaciones como la «sedición» si bien se concretarán las imputaciones una vez se valore la votación de la propuesta de resolución de Junts Pel Sí.

El punto que la Fiscalía aún no ha confirmado oficialmente es el de la instancia al que se presentaría esta querella, que dependerá de la interpretación que se dé a la condición de aforado del presidente de la Generalitat y de los miembros del Govern.

Según los artículos 57.2 y 70.2 del Estatuto de Catalunya corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) decidir sobre la inculpación, el procesamiento y el enjuiciamiento del presidente o de los consejeros, si bien «fuera del territorio de Catalunya la responsabilidad penal es exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo».

Lo que parece descartable es una querella ante la Audiencia Nacional, a quien podría corresponder la instrucción de la rebelión en el caso de que los supuestos responsables no fueran aforados. Existen muchas dudas de que Puigdemont acabe siendo investigado en dicho órgano pese a ser suspendido en sus funciones, porque no está claro si dicha suspensión afectaría a su fuero como presidente y conservaría en todo caso dicha condición como diputado, según Europa Press.

Admitido a trámite la petición del PSC para anular la jornada de hoy en el Parlament

El Tribunal Constitucional español ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por el PSC contra la decisión de la Mesa del Parlament. Rechaza por el momento dejar en suspenso los efectos de dicha declaración aunque da tres días a la Fiscalía y al resto de partes para que se pronuncie al respecto.

La decisión ha sido adoptada por tres magistrados del tribunal de garantías, que son los integran una sección de Sala del Tribunal Constitucional.

Los magistrados han desestimado también la medida cautelarísima en lo referente a la suspensión de la celebración del Pleno del Parlament catalán por «carecer sobrevenidamente de objeto», ya que a la hora de resolverse esta cuestión el Pleno ya había concluido.