Proceso Constituyente; esas dos palabras encerraban hasta ahora una difusa expectativa futura, pero la resolución del Parlament las convierte en realidad y con carácter inmediato y urgente (el plazo es de seis meses).

Ese proceso es una gran oportunidad no ya para el independentismo, sino para todo el país. Una gran oportunidad doble; por un lado, llenar de contenido la República catalana partiendo casi de cero; y por otro, ampliar el grado de adhesión ciudadana al recién proclamado Estado. Toca hacerlo, por tanto, pero además hay que hacerlo bien.

Los plazos están tasados. En la resolución número 2 aprobada anteayer se declara el inicio del Proceso Constituyente, instando al Govern a «activar de manera inmediata todos los recursos públicos y sociales así como medios materiales a su disposición» para acometerlo. En quince días se deberá constituir el Consejo Asesor del Proceso Constituyente, con una misión meramente de apoyo porque la deliberación corresponde a «la sociedad civil organizada». Los ayuntamientos son interpelados igualmente para facilitar estos debates. Se establece que en un mes habrá que conformar la plataforma promotora –definida como Pacto Nacional del Proceso Constituyente–, a partir de agentes civiles y sociales. Y para el 27 de abril de 2018, según ese plazo de seis meses, el proceso deberá tener conclusiones, dando paso ya a las elecciones constituyentes.

«Corregir los actuales déficits»

En la formulación aprobada por el Parlament, este Proceso Constituyente tiene cinco apellidos: «Democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante». En el preámbulo de la resolución se sitúa la República catalana como «oportunidad de corregir los actuales déficits democráticos y sociales» para lograr «una sociedad más próspera, más justa, más segura, más sostenible y más solidaria».

Esta raíz participativa y social marca una primera diferencia enorme entre la futura Constitución de la República catalana y la Carta Magna de la Monarquía española, redactada en 1978 por los llamados «siete padres de la Constitución» tras negociaciones secretas en despachos –y con ruido de sables militares de fondo–.

Aunque el modelo catalán debe construirse a sí mismo, en los últimos tiempos se han estudiado en detalle experiencias de reformas constitucionales con impulso ciudadano llevadas a cabo recientemente en muy distintos puntos del mundo: Irlanda, Islandia, Bolivia, Ecuador, Chile... También se ha analizado el planteamiento trazado en Escocia para su proceso constituyente, que finalmente quedó en vía muerta por la victoria del No en el referéndum.

Uno de los implicados en esta preparación, el politólogo de la Universidad Pompeu Fabra Jaume López, incide en que «en el siglo XXI no se puede elaborar o reformar una Constitución desde un despacho». El Govern lo comparte: para el conseller de Exteriores, Raül Romeva, «construir un nuevo país es una demanda de la gente y la sociedad civil» en un momento en que las democracias reales «ya no son verticales ni dirigistas, sino horizontales y participativas».

López destaca que en Islandia o Chile se consiguió implicar en el proceso al 2% de la población. Trasladado a Catalunya, supondría involucrar a 150.000 ciudadanos. Lo consideraría «un éxito sin precedentes». Pero parece factible si se repara en que fueron más los que acudieron a defender los colegios electorales el 1-0 frente a las cargas policiales, y aque allí terminaron votando contra viento y marea 2,2 millones de personas.

Opción de sumar e integrar

La CUP, con una tradición asamblearia muy poderosa, es lógicamente muy partidaria de este proceso, hasta el punto de que intentó que arrancara previamente a la proclamación de la República. Y Proceso Constituyente supone también un concepto muy atractivo para el ámbito de los comunes o Podemos, lo que tiene un valor añadido clave para asentar la República dado que el grupo CSQP no apoyó la independencia.

Escuchadas intervenciones como la del portavoz adjunto Albano Dante Fachín en la sesión parlamentaria del jueves o el discurso del teniente de alcalde de Barcelona Gerardo Pissarello ante los estudiantes de Universitats per la República el 27 de setiembre, no cabe duda alguna de que hay un sector grande de este bloque político dispuesto a implicarse en llenar de contenido el nuevo Estado.

De hecho, Fachín, Pisarello y otros muchos pusieron en marcha en 2013 Procés Constituent, iniciativa que promueve un cambio de modelo político, económico y social impulsado desde la base. Sus reivindicaciones de democracia participativa, frente a los desahucios, contra las privatizaciones, por la garantía de derechos plenos para la población inmigrante... estarán sin duda en la agenda de este Proceso Constituyente que viene. Son cuestiones inabordables hoy en el cada vez más restrictivo Estado español pero totalmente abiertas en la naciente República catalana, que pueden atraer también a otros miles y miles de personas con inquietudes, al margen de siglas políticas concretas.