EH Bildu ha abandonado el pleno que se celebra este jueves en el Parlamento de Gasteiz poco después de conocerse el encarcelamiento de parte del Govern, rechazando así la decisión de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

La decisión de EH Bildu ha sido anunciada por la portavoz de la coalición soberanista, Maddalen Iriarte, que ha solicitado a la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria (PNV), que la sesión plenaria se suspendiera momentáneamente para que los grupos trataran de negociar una declaración de rechazo de estas detenciones.

Iriarte ha subrayado que ante la gravedad de la decisión de la Audiencia Nacional, la sesión plenaria debería suspenderse de forma momentánea para que los grupos trataran de acordar una respuesta. No obstante, al comprobar que el resto de grupos rechazaban celebrar un receso en el pleno, los parlamentarios de EH Bildu han abandonado la sesión.

Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, también se ha sumado a la denuncia. «Quienes no extraditan torturadores del franquismo, encarcelan a los republicanos catalanes». Por ello, el dirigente de la coalición soberanista ha animado a secundar la manifestación que EH Bildu, Gure Esku Dago, ELA y LAB han convocado el 4 de noviembre bajo el lema ‘155 no-Democracia y derecho a decidir’.

En el Parlamento, Tejeria ha coincidido con Iriarte en que los arrestos decretados por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela es algo «muy grave», aunque ha se ha mostrado partidaria de que el pleno siguiera adelante y que, en su caso, los portavoces de los grupos se reunieran fuera del hemiciclo para tratar de acordar una respuesta.

En una línea similar, el portavoz del PNV, Joseba Egibar, ha considerado que el encarcelamiento de Junqueras y de otros exmiembros del Ejecutivo catalán es algo «grave», pero ha rechazado hacer un receso en la sesión y, en su lugar, se ha mostrado dispuesto a negociar una declaración con otros portavoces.

El PNV ha censurado que la orden de prisión incondicional para los miembros del Govern constituye «una más de las diversas decisiones desproporcionadas que los diferentes poderes del Estado están adoptando» y ha exigido la destitución del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ya que, «en lugar de contribuir a buscar vías de solución a un conflicto político» en Catalunya, «se ha erigido en agente activo de su agravamiento».

Lander Martínez, de Elkarrekin Podemos, ha afirmado que «está claro que es un asunto grave», pero tampoco ha considerado necesario suspender el pleno.

Por parte del PP, Borja Sémper ha rechazado realizar un análisis «político» de la situación, pero ha afirmado que ante casos similares no se ha suspendido el pleno, sino que los portavoces se han reunido entre ellos mientras la sesión seguía adelante. Desde el grupo del PSE no se ha pronunciado parlamentario alguno cuando la presidenta les ha dado la palabra para que fijaran posición.

Protesta del Ayuntamiento de Iruñea

Fuera del parlamento de Gasteiz, las reacciones no se han hecho esperar. La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Iruñea ha emitido su «más enérgica protesta» por los encarcelamientos. UPN y PSN han votado en contra al considerarlo «una decisión de la justicia».

Más reacciones

EA ha denunciado que el encarcelamiento supone «un golpe de estado a la democracia». «Enviar a prisión a un Gobierno legítimo equivale a ilegalizar a más de la mitad de la sociedad catalana», ha criticado. «No hay otro nombre para definir el hecho de que cargos públicos elegidos por la sociedad en elecciones libres y con un programa de Gobierno que incluía la independencia sean encarcelados por cumplir con dicha promesa a la sociedad», ha manifestado.

El sindicato ELA ha acusado al Gobierno español de actuar «en clave de venganza» y de «instrumentalizar» el poder judicial para encarcelar a «los legítimos representantes» del Gobierno catalán, y ha exigido «la inmediata puesta en libertad de los cargos políticos encarcelados por la Audiencia Nacional».

CC.OO. Euskadi ha considerado que las órdenes de prisión son «desproporcionadas» y «no contribuyen a la generación de espacios que favorezcan el diálogo y la democracia», sino que, «más bien, favorecen dinámicas de confrontación y ruptura, dentro y fuera de Catalunya, ahondando en una dinámica de conflicto que puede derivar en una fractura de la convivencia».