«Los detectives no prejuzgamos ni valoramos, aportamos información veraz obtenida legalmente», dice la asociación, que sale así al paso de las críticas que ha suscitado la citada investigación, aunque del contenido de la misma no aporta datos ya que es de «carácter reservado».

La asociación, que expresa en un comunicado su rechazo y condena a «cualquier acto que pueda suponer un abuso o delito sexual», subraya que «solo un informe relativo a unas investigaciones desarrolladas escrupulosamente dentro de los límites legales puede ser admitido por un juez en el marco de un proceso».

En este sentido destaca además que las asociaciones y colegio de detectives españoles se han dotado asimismo «de un código deontológico» que recoge como una de sus «premisas fundamentales» que «no llevaran a cabo investigaciones en las que se pudiera intuir que el resultado de las mismas podría ser utilizado para la comisión de actividades contrarias a ley o a ética».

«Nuestras actuaciones se enmarcan, como la de otros tantos profesionales como abogados, peritos, etc, dentro del derecho a la defensa que cualquier ciudadano tiene en un estado de derecho como el que disfrutamos en España, siempre y cuando se realicen dentro de las normas recogidas en nuestro ordenamiento jurídico», subraya la asociación.

Y por ello añade que, «con independencia del contenido del citado informe, que a día de hoy se desconoce, defendemos su realización en defensa de los intereses legítimos del interesado; entre otros supuestos, para que la justicia pueda cuantificar el daño real de determinadas secuelas, a la hora de determinar posibles indemnizaciones y cualquier otro tipo de responsabilidades penales».

En este caso, según aclaró el miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa, la Sección Segunda de la Audiencia, que juzga la presunta violación, aceptó el lunes a petición de la defensa de un imputado incorporar, «como una prueba documental más, una fotografía reciente publicada por la denunciante en una de sus cuentas de las redes sociales».

Este mismo tribunal había admitido ya antes, durante la fase preparatoria del juicio, también como «prueba documental», el informe elaborado por unos detectives sobre las redes sociales de la joven por encargo de uno de los acusados.