El vicepresident catalán Oriol Junqueras ha alegado para pedir su puesta en libertad que el Govern no se ha reunido ni ha adoptado ninguna decisión desde que se le cesó por aplicación del artículo 155 de la Constitución española, aunque evita acatarlo expresamente como han hecho otros consellers en prisión.

El abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha presentado un recurso de apelación ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional en el que pide que revoque la decisión de la juez Carmen Lamela de enviarlo a prisión preventiva junto a otros siete miembros del Govern en la causa en que los investiga por «rebelión, sedición y malversación».

«El Gobierno catalán no se ha reunido desde el día de su cese, no se han adoptado acuerdos de Gobierno ni se han efectuado publicaciones en el boletín oficial que demuestren actos ejecutivos tras la sesión parlamentaria del día 27 de octubre», ha apuntado en referencia a la fecha en que se aprobó la DUI, una declaración a la que atribuye un valor «estrictamente político».

Asimismo, añade que «no parece existir ningún escenario por el que los investigados puedan ejecutar acciones de reiteración». Califica además de «chocante» que Lamela apoyara el riesgo de reiteración delictiva en el hecho de que haya varios consellers en Bélgica actuando como una especie de gobierno en el exilio y compara su criterio con el del Supremo, que valoró este hecho para destacar la comparecencia judicial de los diputados catalanes investigados en ese tribunal.

Forn alega haber acatado el 155 «sin llamar a la desobediencia»

Por su parte, el conseller de Interior Joaquim Forn ha pedido a la Audiencia Nacional su puesta en libertad, aduciendo que ha asumido «sin aspavientos ni llamadas a la desobediencia» el artículo 155 y que las elecciones del 21D «apuntan más bien a soluciones de compromiso» en Catalunya.

En su recurso, la defensa de Forn arguye que no presenta riesgo de reiteración delictiva, dado que tras la aprobación del artículo 155 de la Constitución por parte del Senado «asumió la nueva situación jurídica y cesó en el ejercicio de su función pública, sin aspavientos ni llamadas a la desobediencia».

La defensa del exconseller pide a la Audiencia Nacional que valore el riesgo de reiteración delictiva, no a partir de lo declarado por el investigado sino por «hechos objetivos», y, en ese sentido, recuerda que tras la aplicación del 155 Forn acudió al Departamento de Interior, «reunió a todo el personal, se despidió del mismo, recogió todas sus pertenencias y no volvió más».