La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Ejecutivo de Lakua, Arantxa Tapia, defendió ayer el muro levantado en el puerto de Bilbo como una «exigencia legal» para asegurar la seguridad del transporte de pasajeros y mercancías ante los intentos de entrar en el puerto de personas que pueden llevar a situaciones «arriesgadas».

Tapia compareció ayer en la Comisión de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Parlamento de Gasteiz, a petición de Elkarrekin Podemos, para informar sobre la citada construcción. Según subrayó, el muro garantiza la seguridad de los trabajadores del puerto y de los viajeros, pero «no es una frontera, sino la protección de una infraestructura crítica»

Pidió la consejera del Gabinete Urkullu que «no se mezclen debates», porque «el muro de Trump o las vallas de Melilla no tienen nada que ver con este caso, hablamos de la vigilancia de una infraestructura crítica que se hace de diferentes formas». Según insistió, es necesario mantener «lo más cerrados posibles» los viales y muros del Puerto para «garantizar la seguridad de todas las personas».

Junto a la defensa del muro, Tapia expuso de forma profusa el trabajo que está desarrollando el Gobierno de Lakua con las personas migrantes asentadas en los alrededores del Puerto. Informó de que están trabajando junto con la Cruz Roja para informarles de «todas las posibilidades que Euskadi ofrece desde el punto de vista social, de integración» y para conocer sus necesidades de «urgencia social». «Queremos conocer cuáles son sus necesidades y ofrecerles nuestra ayuda de forma personalizada», aseguró Tapia, según recogió Europa Press.

«En tránsito», no refugiados

Explicó la consejera que hay varios grupos de personas «cada vez más numerosos» que se están asentando en las zonas colindantes, que llegan «aprovechando la zona más débil del cierre perimetral del Puerto para escalar o intentar, e incluso conseguir, acceder al recinto portuario», tanto en la terminal del ferry de pasajeros a Gran Bretaña como en el de contenedores.

Detalló, asimismo, que en su mayoría se trata de hombres, de nacionalidad albanesa, que han accedido al Estado español en virtud del acuerdo entre la Comunidad Europea y Albania sobre la facilitación de la expedición de visados al que no se encuentra adherida Gran Bretaña. «Esto también puede explicar la situación», según señaló. Detalló que «muchos de ellos se encuentran en una situación de estancia temporal absolutamente legal, con recursos económicos».