El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Iruñea, presidido por Juan Miguel Iriarte, ha acogido la vista en la que ambas partes han defendido su postura sobre las medidas cautelares solicitadas por Lafón, cuya candidatura fue invalidada por la junta electoral al entender que no cumplía un requisito de los estatutos.

Sin necesidad de votaciones fijadas para el 19 de noviembre, Luis Sabalza fue reelegido presidente de Osasuna como candidato único al no aceptarse como candidatos a Lafón y Víctor Álvarez tras no dar validez a sus preavales económicos.

La junta electoral, con el asesoramiento de dos abogados contratados por el club, decidió el 13 de noviembre no admitir los preavales exigidos por los estatutos, de 4,2 millones de euros, tanto de Lafón y Álvarez, quien prefirió no acudir a la justicia ordinaria para constituirse en una plataforma.

Dicha junta electoral no aceptó el preaval de Álvarez al «no tener consideración de aval o preaval» y ser una «simple carta de manifestaciones», y el de Lafón al no estar emitido por una entidad recogida en el registro del Banco de España tal y como indican los estatutos.

Lafón demandó al club al defender la validez de su preaval y esta mañana se ha celebrado la vista para pedir la adopción de medidas cautelares, que supondrían el cese de Sabalza y la constitución de una junta gestora hasta que se celebrasen nuevas elecciones.

En la vista celebrada en el Palacio de Justicia de Nafarroa, de dieciocho minutos de duración, la abogada de Lafón, Purificación Navarro, ha pedido la «suspensión» de la decisión adoptada por la junta electoral el 13 de noviembre, así como de las elecciones.

Ha defendido que concurren todos los supuestos para adoptar medidas cautelares y que en el pasado proceso electoral Lafón cumplió los estatutos de Osasuna y se «vulneraron» sus derechos, por lo que ha solicitado la adopción de medidas cautelares.

El abogado de Osasuna, Fernando Azagra, ha señalado que se oponen a dichas medidas cautelares porque «carecen de instrumentalidad» y tiene «poco de cautelar» convocar a los 15.000 socios de Osasuna a las urnas antes de la resolución de la demanda principal.

Ha considerado «poco razonable el fundamento de la demanda» y se ha apoyado en los estatutos del club, los requisitos exigidos por LaLiga y el informe de los abogados contratados por Osasuna para asesorar a la junta electoral, al tiempo que ha indicado que no contempla un problema que Sabalza siga al frente del club hasta que se resuelva la demanda.

Se espera que el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Iruñea resuelva en breve sobre la petición de medidas cautelares, probablemente la próxima semana, aunque dicho auto es recurrible ante la Audiencia Provincial de Nafarroa.