Enero. Es el plazo que el independentismo tiene para lograr un acuerdo que ponga en marcha una nueva legislatura en Catalunya. La legislatura más extraña, con tres diputados electos en la cárcel, cinco en el exilio belga y una decena imputados por un Tribunal Supremo que tutela por la vía de los hechos la vida política catalana. Si hay acuerdo, es de suponer que la aplicación del artículo 155 de la Constitución quedará en suspenso –eso sí, convertido ya en amenaza permanente–, pero el Supremo seguirá condicionando indefectiblemente el devenir político de Catalunya.

Ayer tuvimos una nueva muestra de ello, con la declaración del líder de ERC, Oriol Junqueras, ante los tres jueces de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, que deben decidir sobre la decisión del juez Pablo Llarena de mantenerlo en la cárcel de Estremera. Se presentó como «hombre de paz», apostó por el diálogo y negó que haya riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas, que son los argumentos por los que sigue en prisión. Asimismo, su abogado reclamó su puesta en libertad para poder ejercer en plenitud su derecho a la participación política y formar parte del nuevo Govern.

La Fiscalía hizo pública ayer su oposición a la puesta en libertad de Junqueras, al observar «un evidente riesgo de reiteración delictiva» y «ante la ausencia de un compromiso con la legalidad constitucional y sin que se haya producido por su parte ninguna renuncia al uso de vías ilegales para la defensa de su proyecto político».

En el seno del soberanismo no hay quien pierde la esperanza de empezar el año con una buena noticia, pero lo cierto es que no parece sencillo que los magistrados enmienden la plana a su compañero Llarena. Hoy retomarán sus deliberaciones, aunque la decisión podría hacerse esperar hasta la semana siguiente. Si la decisión, llegue cuando llegue, pasa por confirmar el encarcelamiento de Junqueras en Estremera –en tal caso pediría el traslado a una prisión catalana–, el mensaje para Puigdemont será también claro: los resultados electorales del 21D no van a hacer que la maquinaria estatal frene su acción contra el independentismo.

C’s confía en el pucherazo para controlar la Mesa

La única opción de que Ciudadanos logre la Presidencia del Parlament pasa porque los ocho diputados independentistas de momento ausentes –tres en la cárcel y cinco en el exilio– no puedan ejercer su derecho a voto y, al mismo tiempo, que Catalunya en Comú-Podem vote al candidato de la formación naranja. La carambola es prácticamente imposible, dado que los Comuns ya han anunciado que no prestarán sus votos a Ciudadanos y porque, además, existe sobrada jurisprudencia sobre la posibilidad de que un diputado electo en prisión preventiva pueda asistir al pleno de constitución del Parlament.

Pese a ello, el secretario de comunicación del partido, Fernando de Páramo, fijó la Mesa del Parlament como «primer objetivo» al considerar que el 21D los catalanes expresaron una voluntad de «cambio» y «para evitar que se produzcan las barbaridades de la pasada legislatura». De Páramo también apuntó, en este sentido, a los Comuns: «Deben decidir si quieren un presidente del Parlament independentista o constitucionalista».B.Z.