Pablo Crepo, número dos de la trama Gürtel, ha asegurado que aunque no sabe quién encargó los actos de campaña ha explicado que se hizo a la empresa de la trama Orange Market y que el responsable en Valencia de la misma era el también acusado Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’, «que tenía mucha relación con personas del PP de Valencia» e hizo gestiones con los expresidentes Francisco Camps y Alberto Fabra para intentar cobrar.

Entre las personas con las que hablaba ‘El Bigotes’, Crespo ha mencionado además a los acusados Ricardo Costa, exsecretario general del PP de Valencia; David Serra, exvicesecretario de la formación regional, y Vicente Rambla, exvicepresidente del Gobierno valenciano.

Asimismo ha indicado que contactaba con otras personas que no están encausadas como la senadora popular y exalcaldesa de Elda (Aliante) Adela Pedrosa, así como miembros de la Ejecutiva del partido, exconsellers del Gobierno valenciano y presidentes del partido en Valencia, Alacant y Castelló ya que «su trabajo consistía en mantener esas relaciones».

Asimismo Crespo ha indicado que hubo «un conflicto con unas facturas de vallas publicitarias de la campaña del entonces candidato a la alcaldía de Castellón Alberto Fabra», expresidente de la Generalitat valenciana. «Esas facturas las tendría que haber pagado en principio Fabra y creo que Pérez se puso en contacto con el PP de Castellón y con Fabra», quien «las derivó y dijo que era una cuestión que debía pagar la sede regional, ya que había elecciones autonómicas y municipales al mismo tiempo y finalmente no pagaban ni unos ni otros», ha relatado.

También ha indicado que llegaron a recibir una cantidad de 123.000 euros «del grupo parlamentario popular con un cheque». Al igual que dijo en su declaración el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, Crespo ha señalado que Ricardo Costa le dijo que el partido no tenía suficiente dinero para pagar los trabajos electorales de Orange Market para el partido y que la única forma de que la empresa lo cobrara era que facturara a dichos empresarios.

Los nueve empresarios acusados en esta causa confesaron estos pagos en jornadas anteriores de la vista a cambio de un acuerdo por el que la Fiscalía modificará su petición de cárcel para ellos por multas.

Crespo ha concretado que el dinero que facturaron a esos empresarios se correspondía a la deuda que el PP tenía con Orange Market que era de tal entidad que si no se hubiera cobrado habría que haber cerrado la empresa.

Crespo ha explicado que realizaron para el PP trabajos de organización de mítines y de publicidad y ha comentado que desconoce si se llegó a elaborar un presupuesto formal para que lo aprobara el partido «aunque Álvaro Pérez tenía la confianza necesaria para presentar hojas impresas».