El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha descartado reactivar la orden europea de detención contra Carles Puigdemont en Dinamarca, tal y como le había solicitado la Fiscalía esta mañana.

En un auto, el magistrado le dice al fiscal que encuentra razonable su petición «si se contempla que el investigado se encuentra fuera del territorio nacional para eludir un procedimiento penal», pero alega que hay matices que conducen a que una orden de ese tipo deba ser pospuesta. Según el juez, el desplazamiento a Dinamarca sería una estrategia de Puigdemont para forzar su detención y poder delegar su voto de cara a la investidura.

De esta manera, argumenta que «la jactancia del investigado de ir a desplazarse a un concreto lugar no tiene otra finalidad que buscar la detención para subvertir la finalidad de un instrumento procesal que está previsto para garantizar la observancia del ordenamiento jurídico, convirtiéndolo en un mecanismo que le posibilite burlar el orden legal que rige la actividad parlamentaria».

Provocar su detención y ser investido

«Frente a la imposibilidad legal de optar a una investidura sin comparecer en el Parlamento, la provocación de una detención en el extranjero busca que el investigado pueda pertrecharse de una justificación de que su ausencia no responde a su libre decisión como prófugo de la justicia, sino que es la consecuencia de una situación que le viene impuesta», añade Llarena.

«Se busca así favorecer –dice el auto– la estrategia anticonstitucional e ilegal que este procedimiento está llamado a poner término, forzando además un contexto en el que poder delegar su voto, como si estuviera en el mismo supuesto que quienes están a disposición de este Tribunal y han sido provisionalmente privados de su libertad».

De este modo, según el juez, «se instrumentalizaría la privación de libertad para alcanzar la investidura y el voto que parlamentariamente no puede obtener, pero perseverando el investigado en eludir su sujeción al proceso penal, evitando someterse a la jurisdicción nacional y oponiéndose desde el extranjero a la extradición que pueda cursarse».

«Y la remota posibilidad de que el desplazamiento del investigado no responda a lo que se ha expuesto, sino a una exclusiva inquietud académica, no hace razonable que no se contemple la posibilidad que se expresa, obligando a posponer la orden de detención a un momento –no necesariamente lejano– en el que el orden constitucional y el normal funcionamiento parlamentario no se encuentren en riesgo por una detención que –como el Ministerio Fiscal defiende– sería lógica en otro contexto».

Solicitud de la Fiscalía

El escrito de la Fiscalía General del Estado solicitaba al juez que «a la mayor urgencia» expidiera una orden europea de detención por los delitos de rebelión y sedición al amparo de la legislación de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en la Unión Europea.

«(...) la orden europea de detención deberá ser enviada directamente para su cumplimiento a la autoridad competente para su ejecución en el citado país, concretamente la Fiscalía de Copenhague, y solo para Dinamarca», decía expresamente el escrito de la Fiscalía.

La Fiscalía ya avisó ayer de que iba a solicitar «inmediatamente» la activación de la euroorden si Puigdemont viajaba a Dinamarca, y hoy lo ha hecho por considerar que ello «resulta obligado teniendo en cuenta que se encuentra huido de la justicia española».