«Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro en las elecciones (municipales) de 2007», ha dicho Costa en el juicio a la vertiente valenciana de la trama Gürtel en relación a esos comicios, si bien luego ha extendido la práctica a las autonómicas de 2007 y a las generales de 2008.

Según su versión, el exvicepresidente valenciano Víctor Campos le llamó un día a su despacho y le mostró unos sobres con dinero en efectivo «entregado por empresarios que tienen relaciones con la administración o con el partido» por «encargo» de Camps y del expresidente de las Cortes valencianas Juan Cotino, que fue director general de la Policía española entre 1996 y 2002.

Costa, cuya declaración se ha adelantado a petición de su defensa «al hilo de las declaraciones» de otros acusados que le señalaron a él, ha precisado que comentó estas circunstancias con el extesorero Luis Bárcenas y que éste rechazó ese modo de financiación y le dijo: «Esa es una práctica prohibida en el PP a nivel nacional y sería un Filesa II». Filesa fue una trama de empresas creada para la financiación ilegal del PSOE.

Ha explicado que los actos de campaña se pagaban a través de subvenciones electorales «y en el caso del PP también con aportaciones en efectivo de empresarios que tenían adjudicaciones con el Gobierno valenciano».

«Parece que era un sistema preestablecido ya anteriormente», ha proseguido Costa, puesto que la exgerente Cristina Ibáñez ya le comunicó que Víctor Campos le hacía «entregas de dinero en efectivo de empresarios».

De 3.000 en 3.000 euros

Y ha especificado que ese dinero se iba ingresando en cuentas bancarias «con un límite máximo de 3.000 euros» porque en aquel momento la ley de no dejaba «hacer donaciones anónimas» por un importe mayor.

Costa, que se enfrenta a una petición fiscal de 7 años y 9 meses de cárcel, ha responsabilizado en todo momento a Camps como quien tomaba «las decisiones más importantes» en campaña y quien decidió encargar los actos electorales a la filial valenciana de Gürtel, Orange Market.

Y ha hecho referencia a algunos actos en los que intervino el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que  eran organizados por la dirección estatal del partido pero que Camps «complementaba» con peticiones como «fuegos artificiales, pantallas adicionales, animador, banda de música…», que fueron también pagados por empresarios.