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El PSE asume que se defina a «Euskadi como nación», pero «con encaje legal y constitucional»

El PSE ha dejado claro en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento de Gasteiz que una reforma del Estatuto de Gernika debe respetar el ordenamiento jurídico actual y tener su encaje legal y constitucional en el proyecto compartido con España y Europa.

José Antonio Pastor y Susana Corcuera, al inicio de la reunión de la ponencia. (Juanan RUIZ/ARGAZKI PRESS)
José Antonio Pastor y Susana Corcuera, al inicio de la reunión de la ponencia. (Juanan RUIZ/ARGAZKI PRESS)

En el documento que han presentado en este foro, el PSE defiende que la actualización del Estatuto tenga como punto de partida el de Gernika y su espíritu de consenso entre diferentes.

«La actualización del marco político de autogobierno supone la renovación del pacto entre los vascos, del pacto entre los territorios del País Vasco y del pacto entre Euskadi y el resto de España», subraya el PSE.

En el preámbulo del nuevo Estatuto plantean que se reconozca la pluralidad de identidades y sentimientos que existen en la sociedad vasca y su identificación como «nacionalidad-nación» en el marco de la «jurisprudencia constitucional».

Asimismo proponen que se recojan los derechos históricos contenidos en las disposiciones adicionales de la Constitución y el Estatuto, el Concierto Económico y el euskara como idioma cooficial, entre otros.

En esa definición como comunidad política añade se deberá determinar con claridad el sujeto político y su alcance territorial en función de la legalidad vigente, así como la voluntad de relacionarse con otras comunidades y regiones con quienes se compartan idioma, cultura e intereses sociales y económicas.

El nuevo Estatuto, considera el PSE, tendrá que reconocer expresamente derechos ya incorporados con posterioridad por las leyes autonómicas, como la garantía de igualdad entre hombres y mujeres y el acceso a la renta garantía o a la vivienda, entre otros.

El PSE también estaría de acuerdo en aprovechar la reforma para atribuir al Parlamento de Gasteiz la potestad para regular normativamente el sistema tributario, actualmente competencia de las juntas generales de los tres territorios.