Las citadas centrales señalan en un comunicado que «la subcontratación de servicios públicos ha generado en Navarra una auténtica administración paralela que da empleo a miles de trabajadores y trabajadoras. Esta subcontratación supone en muchos casos un nicho de negocio para las empresas privadas, demasiadas veces a costa de las condiciones de trabajo de las personas empleadas en los mismos».

Los sindicatos entienden que «la administración pública debe velar por la calidad de los servicios que presta, incluidos los servicios subcontratados. Y no hay servicios de calidad si éstos se prestan en condiciones laborales precarias».

Para los sindicatos CCOO, ELA y LAB «es indiscutible que la responsabilidad última en estos servicios, que se prestan con dinero público, es de la administración».

En relacion al proyecto de Ley de Contratos Públicos que se ha remitido al Parlamento por parte del Gobierno de Nafarroa señalan que «supone una oportunidad perdida para demostrar un compromiso real con la calidad de los servicios públicos que se prestan vía subcontratación, empezando por la propia calidad de las condiciones de trabajo de los mismos».

Desde CCOO, ELA y LAB no entenderían que «el cambio social que se propugna no tuviese en cuenta las cuestiones que afectan a los y las trabajadoras navarras».

Por ese motivo, plantean que algunas de las cláusulas sociales que la Ley de Contratos Públicos de Navarra debería incorporar son la «subrogación obligatoria en todos los contratos  de servicios y en los de concesión de servicios, la aplicación del convenio sectorial de la actividad a realizar como condición de mínimos y del convenio de centro de trabajo en los casos en que éste exista y mejore el convenio sectorial».

Otras cláusulas pasan por «el establecimiento de una plantilla mínima y un número de jornadas garantizadas que aseguren una prestación de calidad acorde a las cargas de trabajo. Igualmente se garantizarán las sustituciones de las ausencias que se pudiesen producir».

También estarían «los criterios de puntuación en los que el precio no sea determinante, ya que prime el precio por encima de todo hace que finalmente empeore la prestación del servicio público, no se cumplan los pliegos y se despida o recorta a trabajadoras condiciones laborales».

 Por último, plantean «establecer sanciones a las empresas que incumplan los pliegos, los convenios colectivos o la legislación laboral; la participación de los y las trabajadores y sus representantes en la elaboración de los pliegos, en los procesos de adjudicación y en el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de los pliegos. E incentivar la presencia y utilización del euskera a través de un plan de formación a los trabajadores que estén atendiendo al público».