El juntero de EH Bildu Zigor Isuskitza, acompañado de ediles de la coalición soberanista en ayuntamientos de Bilbo y su área metropolitana, ha anunciado la presentación de una iniciativa en consistorios y una proposición no de norma en las Juntas Generales de Bizkaia, con el objetivo, por un lado, de reducir el posible fraude fiscal, y, por otro, aumentar los ingresos de los diferentes ayuntamientos en los que son corporativos.

Según ha indicado, en las ordenanzas de tasas de los ayuntamientos se encuentra la llamada «Tasa por utilización privativa y aprovechamiento especial del dominio público municipal’, relativa a la utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, en favor de empresas explotadoras de servicios de suministros». En base a esta tasa, ha explicado, los ayuntamientos cobrar una tasa a las empresas suministradoras por utilizar espacio público.

Se trata de empresas suministradoras de energía eléctrica, agua o gas; empresas que prestan servicios de telecomunicaciones disponibles al público mediante la utilización, total o parcial, de redes públicas de telecomunicaciones; y otras empresas de servicios de suministros que utilicen para la prestación de los mismos tuberías, cables y demás instalaciones que ocupen el suelo, vuelo o subsuelo municipales.

Isuskitza ha señalado que el importe de la tasa que estas empresas deben pagar a los ayuntamientos será del 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término municipal correspondiente.

El juntero de EH Bildu ha dicho que, «aunque parezca mentira, son las empresas las que, mediante autodeclaración, fijan el total de sus ingresos frutos de facturación en los municipios, sin que existan mecanismos reales y eficientes de comprobación por parte de la administración de que lo que declaran coincide con la facturación real».

Isuskitza ha indicado que existe un convenio entre el Ayuntamiento de Bilbo y la Diputación por el cual el Consistorio bilbaíno «debe trasladar toda la información tributaria a la Diputación, pero no hay un retorno, es decir, la Diputación no tiene ninguna obligación de trasladar a los municipios la información que le llega en cuanto a aspectos tributarios».

Por ello, en las Juntas Generales solicitan que se modifique dicho convenio para el flujo de información sea recíproco, de forma que los ayuntamientos «puedan contrastar que lo autoliquidado por las empresas suministradoras es lo que realmente facturan en bruto en los municipios».

«Comprobación compleja»

Según ha indicado, en el caso concreto del Ayuntamiento de Bilbo, la responsable del área de Economía y Hacienda, Marta Ajuria, en respuesta a una pregunta del grupo municipal de EH Bildu, afirmó que «el proceso de comprobación es muy complejo por ausencia de datos contrastables».

«La propia delegada de Hacienda está diciendo que no puede contrastar realmente porque no tiene datos que están en la Diputación», ha insistido, para añadir que el objetivo de sus propuestas es «aclarar que no se dé un fraude».

Isuskitza ha advertido de que se trata de una tasa que, «en los últimos cinco ejercicios ha supuesto unos ingresos superiores a los 16 millones de euros para el Ayuntamiento de Bilbao o de 970.000 euros en 2017 para el municipio de Basauri».

«El hecho de que el pasado año en Barcelona se detectaran impagos de tres millones de euros por parte de las compañías eléctricas que operan en la ciudad, o en Madrid, donde el Ayuntamiento también ha detectado que las liquidaciones de las eléctricas no cuadran, nos lleva a pensar que en nuestros municipios podría suceder un fraude o fuga de impuestos similar, con la consiguiente e importante merma de ingresos», ha dicho.

Por ello, en las propuestas que llevará a ayuntamientos y a las Juntas Generales de Bizkaia, EH Bildu propone que entre los ayuntamientos y la Diputación Foral «se pongan en marcha mecanismos de control eficientes que permitan conocer con exactitud los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtienen anualmente estas empresas».

Isuskitza ha advertido que «nuestros ayuntamientos y la Diputación no pueden seguir mirando a otro lado ante posibles fraudes que podrían alcanzar cifras millonarias como se ha descubierto en Madrid o Barcelona».

En ese sentido, ha solicitado que las instituciones de Bizkaia sean «tan diligentes y pongan tanto empeño como con la campaña 'Ayudas sí, control también' o con la caja de resistencia de los sindicatos». «Exigimos que se acabe con el método opaco de la autoliquidación y se pongan en marcha mecanismos para un control real de estas actividades», ha reiterado.