La Comisión de Garantías, el órgano de Podemos-Ahal Dugu para dirimir los conflictos internos, ha expulsado de la formación a Laura Pérez por «no aceptar el cambio de portavoz parlamentario, dejación de funciones y actuar por libre y al margen del partido», así como de haber participado en una votación parlamentaria en la que tenía interés personal. En la resolución se rechazan todas las alegaciones presentadas por Pérez.

En relación a la acusación de no haber aceptado el cambio de portavoz parlamentario por Mikel Buil tras su derrota por un estrecho margen ante Eduardo Santos en las elecciones a la Secretaría General en mayo pasado, la Comisión de Garantías señala que en setiembre acudió a una reunión de seguimiento del acuerdo programático y que hasta octubre no retiró de su perfil de Twitter hasta octubre. Pérez, en sus alegaciones, negó lo relativo a la red social y señaló que su relevo no se hizo oficial hasta octubre.

La Comisión de Garantías también señela que Pérez incurrió en dejación de funciones porque se ausentó del Pleno del 21 de setiembre para denunciar la situación de excepcionalidad política de Catalunya. EH Bildu también abandonó la Cámara por los mismos motivos. En sus alegaciones, Pérez recuerda que Podemos solicitó la suspensión del Pleno, y que la dirección de la formación era conocedora de su decisión. Además, subraya que estuvo en el Parlamento trabajando a pesar de no acudir al Pleno como protesta.

Junto a ello, la Comisión de Garantías le acusa de «haber faltado el respeto a sus compañeros» y de participar en comisiones que no le correspondían y en las que tenía interés personal, como una relativa a la Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP). En las alegaciones, Pérez responde que se le ha osbtaculizado su labor parlamentaria y que en la votación de la moratoria en la aplicación del CAP no tenía interés personal porque está cursando esta titulación. Pérez, de hecho, entregó a los medios una copia de su matrícula.

Hacia la división

La expulsión de Pérez supone un paso más en la división de Podemos-Ahal Dugu en Nafarroa. El sector de la ex secretaria general tiene el apoyo de cuatro de los siete electos del grupo parlamentario, por lo que tienen el control de este órgano. Frente a ello, los alineados con Santos controlan el Consejo Ciudadano y las estructuras del partido, además de mantener una relación directa con la dirección estatal.

Carlos Couso, el sustituto en la portavocía parlamentaria del oficialista Buil, ha reclamado en varias ocasiones la retirada del expediente a Pérez. Infructuosamente, por lo que se ha confirmado hoy.

Desde el otro sector, ayer mismo, el Consejo Ciudadano reclamó a los cuatro parlamentarios afines a Pérez que devuelvan su acta,

De este modo, todo parece abocado a un escenario en el que la dirección del partido expulse a los otros tres parlamentarios afines a Pérez, tal y como ha hecho ya con la ex secretaria general. De hecho, el enfrentamiento del grupo con la dirección del partido ha sido más público y evidente que las acusaciones por las que se acaba de romper el carnet de Pérez.

Por tanto, se avanza hacia una situación –que ya existe en la práctica– en la que el grupo parlamentario no responde a la dirección del partido. Los afines a Santos –el exportavoz Mikel Buil; la presidenta de la Cámara, Ainhoa Aznarez; y Tere Sáez– están en minoría y no se puede descartar que la mayoría afín a Pérez los eche del grupo y se conviertan en no adscritos.

Pese a que los dos sectores han repetido en numerosas ocasiones que su compromiso con el acuerdo programático y con el cambio en Nafarroa es firme, lo cierto es que esta situación tendría consecuencias graves. En primer lugar, el cambio perdería la mayoría en las comisiones del Parlamento, al utilizarse el voto ponderado y puesto que el grupo de Podemos pasaría de siete miembros a cuatro. Los no adscritos no contabilizan a estos efectos.

Podemos, incluso, podría perder la Presidencia del Parlamento, el cargo de mayor visibilidad que tiene esta formación en Nafarroa, ya que no puede estar ocupado por una parlamentaria no adscrita como sería el caso de Aznarez. Todo ello, claro está, si la lucha fratricida no se detiene, que parece lo más probable.