En los últimos días, para censurar los recibimientos a expresos condenados por pertenencia o colaboración con ETA tras salir de la cárcel –casi siempre a cientos de kilómetros de su casa– dirigentes del PP, PSE y PNV, como Borja Sémper, José Antonio Pastor e Iñigo Iturrate, han preguntado más o menos directamente a la izquierda abertzale qué harían si vieran que sus vecinos reciben con aurreskus y publicidad a condenados por violación o violencia machista. «No les parecería bien y pondrían el grito en el cielo. Y lo harían con razón. Y yo estaría a su lado haciendo lo mismo», decía en el Parlamento el jeltzale Iturrate.

Asumamos el paralelismo y hagamos más preguntas: ¿Cuándo y para qué los partidos han suscrito un acuerdo como el Pacto de Ajuria Enea diciendo que «si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de las violaciones y la violencia machista (...) apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar las violaciones y la violencia machista»? Quizá Borja Sémper podría responder si conoce a alguien que alguna vez haya enviado a Suiza una delegación a reunirse con violadores y maltratadores y decirles «somos los representantes del Gobierno español. (...) Si Aznar no admitiera la existencia de un conflicto –que es evidente, no hay más que ver la Historia y las hemerotecas, no estaríamos aquí». Lo dijeron en Zurich el 19 de mayo de 1999 enviados el Ejecutivo español ante una delegación de ETA. Y seguro que Jose Antonio Pastor sabe de conversaciones similares de representantes de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, pero con dirigentes de ETA, no con violadores o maltratadores. ¿Recuerda Iñigo Iturrate si el EBB ha puesto firma y sello a acuerdos alcanzados con violadores, aunque fuera con condiciones a vuelta de la página, como sí hicieron con ETA en agosto de 1998?

Son preguntas absurdas, ¿no es cierto? Parafraseando a Javier Zarzalejos, jefe de gabinete de José María Aznar, al entonces secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, y al asesor Pedro Arriola «no hay más que ver la Historia y las hemerotecas» para ver que la comparación es capciosa y demagógica.

Y, por cierto, ni a violadores, ni a maltratadores, ni a pedófilos ni a otros presos se les imponen las condiciones de prisión y de libertad que padecen los condenados por pertenencia o colaboración con ETA.