El concejal del área de Acción Social del Ayuntamiento ha reconocido que existe un «cierto problema de desbordamiento» de los servicios sociales aunque ha defendido que «funcionan bien» y, en materia de personal, se ajustan a los ratios establecidos. Asimismo, ha afirmado que están dispuestos a revisar los protocolos necesarios en la atención a menores.

En concreto, ha explicado que en los 11 servicios sociales de base hay 55 trabajadoras sociales, 11  coordinadoras, 23 auxiliares administrativos, 71 educadores sociales (PISECO), 15 psicólogos (PIP) y 11 mediadores de prevención del absentismo escolar. Según ha apuntado, los ratios son acordes con el Plan estratégico del Gobierno de Lakua en materia de servicios sociales.

En el caso de Otxarkoaga, ha señalado que no solo hay seis trabajadoras sociales, pero también una coordinadora y nueve personas que componen el equipo socio-educativo.

No obstante, ha asegurado que no va a negar que existe un «cierto problema de desbordamiento» en los servicios sociales porque ha cambiado el perfil de las personas que se acercan a estos servicios y también porque, de acuerdo a la normativa, para una valoración de la dependencia deben pasar por el Ayuntamiento. «No voy a ser yo el que diga que no están saturados», ha apuntado.

Asimismo, ha manifestado que tampoco será él quien diga que «no es lo mismo un barrio que otro». «No es lo mismo Otxarkoaga que otro barrio de Bilbao», ha apuntado.

Por otra parte, ha afirmado que no iba a entrar en si la gestión de la Diputación es «nefasta o no» como ha apuntado algún grupo de la oposición pero ha indicado que hay que hablar «mucho con ellos» y revisar los protocolos y actuaciones.

A petición del PP

En una comparecencia en comisión solicitada por el PP, Iñigo Pombo ha aludido a la «confidencialidad y protección del menor», que ahora tiene 14 años, para no dar detalles sobre un informe publicado en un medio de comunicación en el que se aseguraba que uno de los tres menores implicados en el doble crimen de Otxarkoaga figuraba en un informe municipal de 2012 en el que se advertía de su riesgo de desestructuración social.

Pombo ha explicado en la comisión el método de trabajo que siguen los servicios sociales de base municipales en estos casos, y ha afirmado que no tiene dudas de que se debe «repasar la actuación municipal con estos menores y analizar dónde está la grieta y el fallo».

Ha rechazado que su negativa a dar datos sobre este caso responda a que «hay algo que ocultar» y ha indicado a los concejales que pueden solicitar el expediente porque tienen garantizado su acceso a esos documentos.

El edil Oscar Fernández Monroy, del PP, ha opinado que responder «sí o no» no facilita datos que afecten a la protección del menor y ha anunciado que solicitará ver el expediente, que data de cuando el menor tenía 9 años, con el objetivo de «detectar los fallos y adoptar medidas que eviten que se repitan hechos similares».

Falta de recursos

Por parte de EH Bildu, Alba Fatuarte ha considerado acertado no hablar de casos concretos y ha puesto el énfasis en lo que ha calificado como una «gestión muy deficiente» del modelo de atención a la infancia desprotegida basado en «subcontrataciones» a empresas privadas, «lo que tiene consecuencias en el propio servicio que se presta y en las condiciones laborales de los trabajadores».

Samir Lahdou, de Goazen, ha valorado los equipos de servicios sociales del Ayuntamiento y ha mantenido que el «fallo» está en los centros de tutela -cuya competencia ostenta la Diputación-, en referencia también a las «subcontrataciones» y al «ahorro en gastos» que practican algunas empresas, según ha dicho.

La concejal de Udalberri Amaia Arenal también ha instado a una «reflexión» del modelo de atención que evite la actual «saturación» de los trabajadores sociales, garantice los recursos necesarios, y vigile las condiciones laborales.

Sobre las contrataciones de estas empresas, el portavoz del PSE en el Ayuntamiento, Alfonso Gil, cuyo partido comparte el gobierno municipal con el PNV, ha afirmado que, en su mayor parte, son entidades del tercer sector en las que trabajan personas «muy entregadas», y tras mantener que las críticas «no son justas», ha manifestado que será «bienvenido todo lo que mejore los actuales protocolos».