La abogada Ainhoa Alberdi ha comenzado a declarar hoy como testigo en el juicio que desde enero se sigue en la Audiencia Provincial de Araba por el conocido como ‘caso De Miguel’ en el que están imputadas 26 personas, entre ellas el que fuera número dos del PNV alavés Alfredo de Miguel y dos exmiembros de la ejecutiva de esa formación, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano.

La abogada fue la que en 2009 denunció ante la Fiscalía que estaba siendo coaccionada y presionada para abonar una comisión ilícita de 100.000 euros tras haber sido adjudicado en 2006 a su empresa –Urbanorma Consulting S.L.– un contrato para la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano. Alberdi entregó al fiscal una grabadora y documentos, como correos electrónicos, que demostrarían sus afirmaciones.

La testigo ha comenzado a ser interrogada por el fiscal jefe de Araba, Josu Izagirre, y ha reconocido la autenticidad de las grabaciones de audio y de los correos electrónicos que aportó junto a su denuncia.

Ha explicado cómo en noviembre de 2008 cuando De Miguel era diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial, le convocó a una reunión en su despacho oficial en la Diputación de Araba, donde «literalmente» le dijo que tenía que «pasar por caja» porque el contrato logrado «no era gratis».

Ha indicado que entonces no se le especificó ninguna cantidad y que fue después, el 9 de diciembre de 2008, cuando De Miguel, desde su correo oficial en la Diputación, le reclamó 100.000 euros con un «lo nuestro lo dejamos en 100». «Entiendo claramente que me estaba pidiendo dinero por el contrato de Urbanorma», ha resumido.

La letrada, que ha afirmado que no tuvo intención de pagar, ha dicho que se sintió «sorprendida» por la «alegría y facilidad» para reclamar ese dinero, de ahí su «temor» a que ella no hubiera sido la única a la que se le habría pedido.

«Barra libre»

Ha explicado que a partir de ese momento empezó a pensar en la necesidad de «protegerse», por lo que decidió ir a un establecimiento conocido como La Tienda del Espía para comprar la grabadora con la que, posteriormente, efectuó las grabaciones que aportó como prueba ante la Fiscalía, en las que se recogen otras peticiones de pago y supuestas presiones.

No obstante, ha querido precisar que su objetivo al adquirir la grabadora no fue recabar pruebas «para denunciar a ese gente», sino protegerse frente a eventuales denuncias que pudieran presentar otras potenciales víctimas de intentos de cobro de comisiones.

«Había visto que esa petición de dinero se hacía con tanta facilidad y alegría, que igual yo podría estar ahora ahí (entre los acusados) si alguien lo denunciaba. Lo hice para protegerme y para demostrar que no tenía intención de pagar», ha manifestado.

En la misma línea, ha hablado de la «tranquilidad» con la que se le reclamaba que tenía que pagar «un tercio» del valor del contrato, cuando «nunca antes habían hablado conmigo de esto», y de la «contundencia» de las expresiones de otro de los acusados, Aitor Telleria, aludiendo a la «barra libre. Temí que si esto era tan fácil de hacer, yo no sería la única a la que se le habían hecho», ha indicado.

Una vez adquirida la grabadora, Alberdi registró las conversaciones que mantenía con De Miguel, Telleria y otros acusados, a las que llevaba este aparato oculto «en el bolso o en las medias». En una de esas conversaciones, cuya grabación se ha reproducido durante la vista, Telleria asegura a Alberdi que existía un «acuerdo» con el anterior miembro de la empresa (Jon Iñaki Echaburu, otro de los imputados), para dividir los pagos «en tres partes».

«Una para ti, otro para él (Echaburu) y la otra parte, que es la que nosotros recaudamos», habría dicho Telleria, según la transcripción elaborada por la Ertzaintza de la grabación, cuyo sonido no es muy claro. Alberdi ha afirmado que estas grabaciones evidencian que los miembros de la red actuaban desde una sensación de «impunidad».

«Venganzas»

En otro momento de su declaración, Alberdi ha aludido al coste personal que ha sufrido por denunciar los hechos ante los tribunales. Ha asegurado que «desde el principio» y «casi hasta el día de hoy» ha sido víctima de «venganzas. Mi denuncia no gustó a nadie».

De hecho, ha señalado que a partir de ese momento sufrió un «veto» que le impidió acceder a nuevos contratos públicos y que incluso padeció la rescisión de algún contrato que tenía vigente sin recibir «explicación alguna». La empresaria ha manifestado que, en un momento dado, una «persona política» le dijo que «durante muchos años mejor no hiciéramos el trabajo de presentarnos a concursos» públicos.

Aunque la Fiscalía y el presidente del tribunal le han pedido que identificara a dicha persona, Alberdi ha explicado que preferiría no tener que hacerlo, dado que ese político –al parecer del territorio de Bizkaia– le trasladó ese mensaje únicamente como «consejo», y que si revelaba su identidad ella podría verse aún más «perjudicada».