El enfrentamiento verbal se ha producido en una pregunta del regionalista sobre las consecuencias y decisiones a adoptar por el departamento de Educación en relación a la inadmisión del recurso de casación a la sentencia de la sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa que anuló las plazas de maestros en euskera de la OPE celebrada en 2016.

Catalán ha preguntado a la consejera «si es cierto» que Educación ha recibido un escrito del Tribunal Supremo español en el que le da un plazo de diez días para que cumpla estos requerimientos, tras lo que ha alertado de que las consecuencias serían «muy graves».

«No sé a qué se refiere», ha respondido Solana, quien se ha preguntado «si tiene alguna consecuencia mentir» o «es gratis», tras lo que ha pedido que no confunda y no genere «una alarma innecesaria» en los opositores que van a presentarse el 23 de junio a las oposiciones en Nafarroa «porque no tiene nada que ver una cosa con otra».

Catalán ha insistido en su pregunta al tiempo que ha sostenido que el Gobierno a la hora de «imponer el euskera» es capaz de cualquier cosa.

El regionalista, quien ha denunciado falta de transparencia y ocultación de datos, ha remarcado que lo quieren es saber qué va a hacer el Gobierno, si va a recurrir a otros organismos o si va a prevaricar, tras lo que ha subrayado que "«o que está mal hecho está mal hecho, están imponiendo el euskera por encima de todo».

Ha señalado que el Gobierno debiera asumir sus responsabilidades y a la consejera le ha dicho que debiera dimitir y si no lo hace debería ser cesada, puesto que si con el consejero Mendoza Educación fue «la casa de lo líos» ahora «se está convirtiendo en la casa del caos».

En su réplica la consejera ha explicado que los diez días a los que hace referencia son los que fija el auto, que no sentencia, un auto que está recurrido, por lo que tras el recurso del Gobierno el plazo ha pasado a ser de cinco días para que todos los afectados hagan lo que tienen que hacer.

Ha defendido la transparencia del Gobierno, señalando que fue la propia consejera María José Beaumont quien dio cumplida cuenta del escrito y anunció que dada la «no conformidad» con el auto se agotarían todas las posibilidades procesales y en eso están.

La asesoría jurídica ha presentado solicitud de complemento del auto de inadmisión porque se pronuncia solo sobre uno de los cuatro motivos de casación alegados por el gobierno y, por otro lado, se ha presentado recurso de reposición frente a la diligencia de reordenación de 27 de febrero de 2018 que declara la firmeza del auto, solicitando su anulación.

Finalmente la consejera ha agregado, «para tranquilidad de los funcionarios», que además, previsiblemente se interpondrá recurso de amparo.