Al evento han asistido el rapero Nyto Rukeli y la estudiante Cassandra Vera, dos de los casos del documento, y se han repartido octavillas invitando a la gente a «Tuitear si se atreven». El informe revela que decenas de personas usuarias corrientes de las redes sociales, así como artistas musicales, periodistas e incluso titiriteros, han sido procesadas «por motivos de seguridad nacional».

Considera que esto ha tenido «un profundo efecto paralizante» y ha provocado que la ciudadanía tema «expresar opiniones alternativas o hacer chistes controvertidos». «Enviar a raperos a la cárcel por la letra de sus canciones y prohibir la sátira social demuestra hasta qué punto se han reducido en España los límites de la expresión aceptable online», ha señalado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en el Estado.

«Nadie debería ser procesado penalmente sólo por decir, tuitear o cantar algo que pueda ser desagradable o escandaloso. La ley, de redacción general e imprecisa, está silenciando la libertad de expresión y aplastando la expresión artística», ha añadido.

El número de personas procesadas en aplicación de este tipo de delitos aumentó de tres en 2011 a 39 en 2017, y solamente en los dos últimos años, fueron declaradas culpables casi 70 personas. En este marco se sitúan, entre otras, las cuatro ‘Operaciones Araña’.

Asimismo, recuerdan que la directiva de la Unión Europea relativa a «la lucha contra el terrorismo», que incluye problemáticamente la «apología» como ejemplo de expresión que podría penalizarse, se aplicará en toda Europa en setiembre de 2018. «La lección que debemos aprender de España es que delitos definidos de forma imprecisa como el enaltecimiento del terrorismo y la humillación de sus víctimas ponen en grave peligro la libertad de expresión», apunta Amnistía Internacional. «España es un ejemplo emblemático de una inquietante tendencia en la que Estados de toda Europa limitan la libertad de expresión so pretexto de la seguridad nacional y arrebatan derechos so capa de defenderlos», ha afirmado Eda Seyhan, responsable de campañas sobre política antiterrorista de Amnistía.