El Constitucional falló el 26 de febrero que Nafarroa tiene capacidad de penalizar a los propietarios de viviendas vacías, al avalar parcialmente una ley que llevaba suspendida desde 2013. En el caso de que los propietarios sean bancos o empresas, se puede llegar incluso a la expropiación. El vicepresidente Laparra aclara las posibilidades que abre esta sentencia.

¿Qué valoración hace de la sentencia del TC sobre la Ley Foral de Vivienda?

Ha sido una sentencia importante por lo que supone de afirmación de la función social de la propiedad privada. Lo que dice es que las viviendas se poseen para ser habitadas y, por lo tanto, tener viviendas deshabitadas podría suponer un cuestionamiento de su función social. A partir de ahí, algunos programas que estábamos tratando de desarrollar por la vía de la promoción y el incentivo, ahora podemos también tener elementos disuasorios, de regulación y en último término punitivos para tratar de mantener esa función social. Antes solo podíamos funcionar con una herramienta y ahora hay dos.

¿Qué supone en la práctica?

La sentencia diferencia muy claramente entre las personas jurídicas y los particulares. Para las jurídicas, que no son solo bancos sino que también incluyen otro tipo de empresas e incluso la Administración, la ley permite la penalización. Una vez que la vivienda se considera efectivamente deshabitada y tras un proceso confrontado para que la empresa haga valer sus argumentos, claro. Seis meses después de que se considere deshabitada se pueden introducir penalizaciones por parte del Gobierno. Transcurridos dos años, permitiría la expropiación. En cambio, para las personas físicas no caben ni las penalizaciones ni expropiación. Sin embargo, los ayuntamientos sí que podrán incrementar los impuestos a estas viviendas vacías.

¿Cuál será su siguiente paso?

La responsabilidad del Gobierno es construir el registro de viviendas deshabitadas y en eso trabajamos. Ahora estamos preparando las peticiones de información a las entidades jurídicas para que nos informen sobre cuáles son sus viviendas deshabitadas. En el caso de los particulares, estamos contrastando toda la información disponible en el reglamento para desarrollar la ley y que regule cómo ha de funcionar ese registro de viviendas. Hay que identificarlas y también habrá que escuchar las alegaciones que se quieran hacer. Una vez se tenga esa relación, los ayuntamientos podrán decidir si les gravan más y en qué cuantía.

Su nota hablaba de casi 18.000 viviendas en manos de la banca o empresas. Dicen ustedes que ese es un dato «coincidente» con la demanda que existe. Imagino que habrá matices, viviendas que no estén en condiciones... Aun así, ¿qué efecto pudiera tener si se lograra empujar todo ese volumen de vivienda al mercado?

Tenemos que ver qué da de sí. No tenemos aún una información fina. Hay que ver qué está en condiciones para salir al mercado y cuántas están en zonas en las que hay demanda de vivienda, porque a día de hoy la demanda está centrada en la zona de Pamplona y puntos de la Ribera. De esas 18.000 que hablamos, solo 4.000 están en la Comarca. No será una solución milagrosa, pero sí que será algo significativo. El objetivo de las penalizaciones es ayudar a sacar al mercado el paque de vivienda. Y eso se realiza conjuntamente con la construcción de nueva vivienda para alquiler social. Asimismo, las ayudas a la rehabilitación y la bolsa de alquiler juegan un papel clave.

Da la impresión de que esa bolsa no termina de arrancar.

Se equivoca. Ha habido un crecimiento significativo. Reconozco que iba a menos cuando la encontramos. Había poco más de 400 vivienda, pero ahora estamos por las 560. Ese crecimiento lo logramos con incentivos. Aunque no hemos mejorado el precio que se paga al propietario, sí que se ha aumentado la subvención inicial, que es de hasta tres mensualidades a fondo perdido. Y el Gobierno asume otros costes, como la comunidad, certificados de eficiencia energética, adelantos para reformas y medidas fiscales. Ahora mismo, el único alquiler que desgrava es el de la bolsa. El repunte de viviendas en la bolsa pública ha tenido lugar en 2017. Sinceramente considero que dejar una vivienda en la bolsa de alquiler es una oferta competitiva, quizá no en precios, pero sí en seguridad. El saber que la vivienda estará en las mismas condiciones que cuando se dejó y que los pagos en fecha están garantizados es mucho.

En esta bolsa el Gobierno hace las veces de intermediario entre el propietario del inquilino, pero también fija los precios.

Eso es. El tope es de cinco euros metro para Pamplona y Comarca y, conforme las viviendas están más lejos, el precio disminuye. Entiendo que con este aumento de las ventajas fiscales y las expectativa de que haya elementos de sanción, esta bolsa puede convertirse en un instrumento sólido para que las empresas pongan estas viviendas vacías en disposición de quienes más lo necesitan. Y esta forma de trabajar tiene ventajas. Normalmente, la actuación en materia de vivienda es lenta. Desde que se decide construir vivienda hasta que el piso se construye pasan dos o tres años. Sacar lo ya construido al mercado es mucho más rápido.

«Navarra garantiza a todas las pensiones bajas la subida del IPC como mínimo»

¿Qué opinión le merecen las actuales movilizaciones de pensionistas?

La gestión de las pensiones es una competencia estatal a través de la Seguridad Social y, por tanto, es con esos fondos con los que se tiene que garantizar la capacidad adquisitiva de los pensionistas con subidas justas año a año. Mientras no haya una revisión de competencias, es ahí donde está la responsabilidad. Las movilizaciones me parecen ajustadas y justificables

Y sin embargo, su Departamento interviene corrigiendo la desigualdad.

Nuestra función es de carácter subsidiario y complementario de la Seguridad Social, porque nosotros no recogemos las cotizaciones de los trabajadores y no podemos hacer lo que nos gustaría. Ahora bien, con los Presupuestos de Nafarroa sí estamos en condiciones de garantizar que las pensiones más bajas no sean tan bajas. La ley recientemente aprobada garantiza a las pensiones de viudedad en Nafarroa el salario mínimo de 2017, 10.085 euros anuales. Y además, esta ley extiende las compensaciones al resto de pensiones que se encontraban por debajo de ese umbral. En total, afecta a 22.000 personas. Lo que reivindican los pensionistas es que la Seguridad Social con sus propios fondos sea la que lleve a cabo una subida así, sin tener que recurrir a ayudas sociales.

Ya en tiempos de UPN existía un dinero destinado a complementar pensiones.

No es comparable. UPN presupuestaba tres millones anuales al complemento de pensiones. Nosotros tendremos un gasto por este concepto de 23,5 millones.

Una de las cosas que llama la atención es el hecho de usar el salario medio y el IPC como medida de actualización.

Nuestro sistema de revalorización garantiza las pensiones bajas, como mínimo, la subida del IPC para no perder capacidad adquisitiva. El salario medio lo introducimos solo para corregir al alza para que, en caso de que el salario medio suba por encima del IPC, el pensionista se beneficie también.