Agustín GOIKOETXEA
BARAKALDO

Las certificaciones falsas de obras causaron un perjuicio de 1,2 millones a Alonsotegi

Un perito ratificó ayer ante el juez que instruye la causa por las certificaciones falsas de obras en Alonsotegi para recabar ayudas que se causó un perjuicio superior a los 1,2 millones de euros al Consistorio.

El arquitecto contratado por el Ayuntamiento de Alonsotegi para evaluar el grado de ejecución de las supuestas obras que se acometieron a cargo de subvenciones recibidas de la Diputación y Gobierno español por las inundaciones de 2008 se ratificó ayer ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barakaldo en las irregularidades detectadas. Por esos hechos están siendo investigados el exalcalde Aitor Santisteban, el arquitecto Alberto Zulueta y el aparejador Juan Torrontegi a quienes se atribuyen delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsificación de documentos públicos.

El perito analizó los proyectos de reforma de los servicios sociales del campo de fútbol de Basteita y de reparación de los daños causados por las riadas en sus accesos, la urbanización de Loibe, así como de los trabajos de mejora y arreglo de los desperfectos causados por las inundaciones de junio de 2008 en el camino de Artiba. La conclusión es demoledora: hay una repetición «total o parcial» de una certificación.

El técnico destaca la «repetición de las acciones» en las certificaciones de obras, tanto en los propios elementos de los proyectos como en relación a otros similares realizados en el municipio «de una antigüedad aproximada de un año desde su finalización».

El perito confirma que del estudio de la documentación que obraba en el Consistorio y de la consultada en otras instancias constató que la certificación empleada «aún tratándose de obras e importes diferentes entre si» es la misma. Además, destacó en el informe el «uso y coincidencia» de esta certificación entre las empresas a las que se adjudicaron los proyectos, Pabisa y Laneder.

Tras su investigación, el arquitecto lleva a cabo una valoración de las obras ejecutadas respecto a las certificadas y pagadas, estimando que el coste final de los trabajos que «realmente» se acometieron asciende a un importe de 58.544,25 euros. Por tanto, el perjuicio ocasionado al Ayuntamiento de Alonsotegi lo evalúa en 1.225.699,07 euros.

El profesional incide en la falta de documentación técnica sobre las obras presupuestadas y ejecutadas. «Especialmente en aspectos tan relevantes –apunta– como son: la localización y la suficiente definición constructiva de las obras realmente ejecutadas. Así como, de las características técnicas, secciones y justificaciones finalmente adoptadas».

Subraya que la única documentación técnica visada por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro corresponde únicamente a la urbanización de Loibe y a la ampliación de los servicios del campo municipal de fútbol de Basteita, «siendo esta imprecisa y presentando deficiencias en tanto al contenido y la forma».