Así lo han señalado en rueda de prensa los líderes de estos sindicatos en Nafarroa, Mitxel Lakuntza (ELA) e Imanol Karrera (LAB), quienes junto a los responsables de sus áreas de Salud Laboral, Andoni Larralde (ELA) y Lourdes Eraso (LAB), han lamentado que con su actuación el Gobierno de Uxue Barkos respalde un sistema que no apuesta por la gestión propia de este dinero público y permite que CEN, UGT y CCOO sean «juez y parte» del destino de estos fondos.

Sus críticas se centran en que el Gobierno navarro se ha mostrado favorable en el Consejo Navarro de Salud Laboral a certificar los proyectos presentados por CEN, UGT y CCOO, lo que les reportará financiación con dinero público procedente de los excedentes de las mutuas que gestiona la Fundación Estatal de Perevención de Riesgos Laborales.

ELA y LAB forman parte del Consejo pero no participan activamente al discrepar del formato, ya que entienden que al tratarse de dinero público debe gestionarlo la administración, y en este caso abogan por el autogobierno del herrialde, por lo que creen aún más «incomprensible» la actuación del Ejecutivo.

Para Lakunza, la decisión del Gobierno en este caso de «unir sus votos» a CEN, UGT y CCOO es «grave» porque supone un «apoyo explícito a un modelo opaco, clientelar e ineficaz», el utilizado durante años para repartir estos fondos (algo más de cinco millones en Nafarroa entre 2000 y 2013) en el Consejo Navarro de Salud Laboral.

En 2014, a raíz de las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas y la anulación de convocatorias por os juzgados, la propia Fundación modificó el sistema, que sin embargo se ha retomado con la última subvención publicada en 2017 que prevé la subvención con 11 millones de euros para repartir en todo el Estado.

A esta última convocatoria pertenecen los proyectos certificados ahora por CEN, UGT y CCOO con el voto del Gobierno, a los que se refieren con su crítica ELA y LAB, pues creen que «implica la apuesta» por el sistema establecido para gestionar desde el Estado dinero público proveniente de las cotizaciones sociales de las personas trabajadoras de Nafarroa, «además de instrumentalizar el Plan de Acción de Salud Laboral y propio Consejo».

Para el responsable de LAB, Imanol Karrera, la posición del Gobierno no solo supone dar por bueno «un modelo declarado opaco y clientelar, que abre la puerta al fraude en materia de salud laboral» por su falta de control, sino que también supone la «renuncia» a defender el autogobierno.

Por ello, ha instado al Ejecutivo navarro a que muestre su «compromiso político» de apostar por la gestión pública de los fondos de la Fundación Estatal de Prevención de Riesgos Laborales, reclamado la gestión directa de estos fondos, y también a suprimir las políticas de concertación con CEN, UGT y CCOO en salud laboral.

Tanto Lakunza como Karrera han asegurado que si no hay una «inmediata rectificación» por parte del Gobierno foral, LAB y ELA dejarán de participar «de manera permanente y proactiva» en el Consejo Navarro de Salud Laboral, como paso previo a su abandono definitivo.