La Guardia Civil está registrando la sede del Consejo de la Diplomacía Pública de Catalunya (Diplocat) por orden del juez de Barcelona que investiga los preparativos del referéndum, en el marco de una operación sobre los pagos a observadores internacionales del 1-O.

Agentes del instituto armado se han personado a primera hora de esta mañana en la sede del Diplocat, situada en la avenida Diagonal de Barcelona, en busca de documentación relacionada con la contratación de los observadores internacionales, que un informe de la Guardia Civil estima costó 119.700 euros.

Los agentes de la Guardia Civil, que iban de paisano, han finalizado hacia las 14.30. Los agentes tenían la autorización judicial para acceder a los ordenadores, los teléfonos móviles y los dispositivos electrónicos para volcar su contenido.

Tras efectuar el registro, los agentes, que iban de paisano, han abandonado la sede del Diplocat, donde por la mañana había una quincena de trabajadores, con varias cajas.

La Guardia Civil cifra el gasto en 1,6 millones

La operación llega la víspera del cierre de estas oficinas por orden del gobierno español, en aplicación de 155. Todos los trabajadores se encuentran en un proceso de ERE por este mismo motivo. Se enmarca en la línea de investigación que el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona abrió para averiguar si la Generalitat incurrió en un delito de «malversación de caudales», al destinar fondos públicos a la organización del referéndum del 1-O pese a que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional.

Un informe de la Guardia Civil cifra en 1,6 millones de euros el gasto público que el Govern destinó a organizar el referéndum, de los que un total de 119.700 se destinaron a la contratación de los observadores que debían supervisar la celebración del 1-O.

Concretamente, el informe del instituto armado señala que el Govern presidido por Carles Puigdemont firmó un contrato con The Hague Center for Strategic Studies para la prestación de servicios de asesoramiento del referéndum, mediante el envío de observadores internacionales que acreditaran que la votación reunía garantías.

En un auto del pasado 3 de noviembre, el juez del 1-O requirió a la Generalitat que le desglosara el coste del referéndum, incluidos los gastos del traslado y la estancia de los observadores internacionales invitados para supervisarlo