Este viernes será un día histórico en Cuba, ya que la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) comenzará sus sesiones y deberá nombrar al nuevo Consejo de Estado (33 miembros) y al nuevo jefe de Estado y de Gobierno que, por primera vez al cabo de cuatro décadas, no será ni Fidel ni Raúl Castro. Este último, a sus 86 años de edad, abandonará los dos cargos tras diez años ocupándolos. El propio Raúl fue quien propuso limitar el mandato a dos legislaturas en el sexto congreso del Partido Comunista en 2011 y ahora llega el momento del relevo político en la máxima dirección del país.

No parece que haya dudas respecto al nombre que sucederá a Raúl: el actual primer vicepresidente Miguel Díaz-Canel, en vísperas de su 58 cumpleaños. Más allá de las caricaturas que desde la prensa oligárquica internacional se han querido realizar respecto a la figura de Díaz-Canel (apparátchik), el actual vicepresidente atesora diversas cualidades y aptitudes. Ingeniero de formación y con una larga experiencia militante y dirigente en las Juventudes Comunistas (UJC) y posteriormente en el partido, Díaz-Canel se convirtió en un personaje muy conocido en los años 90 siendo primer secretario del PCC en Villa Clara, su provincia natal. Su gestión provincial fue muy bien valorada por la población en general y eso le otorgó un gran prestigio y lo proyectó a nivel nacional. Diferentes analistas, incluso algunos críticos con el proyecto político cubano, reconocen cómo ha sabido conjugar su fidelidad a la revolución con prácticas rupturistas y emancipadoras en áreas como la diversidad sexual, por ejemplo. En la última década, Díaz-Canel ha desempeñado cargos de alto nivel, como ministro de Educación Superior (2009-2012) y, desde 2013 hasta la actualidad, como primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

El relevo político y generacional es, por tanto, obvio, pero hay que matizar que ha sido y seguirá siendo gradual, ya que Raúl Castro deja la jefatura del Estado y del Consejo de Ministros pero continuará siendo el primer secretario del PCC hasta el 2021. Además, es muy probable que seguirá como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas «mientras tenga vida», según señala el prestigioso intelectual cubano Aurelio Alonso.

En cuanto a los otros tres miembros destacados de la llamada “generación histórica” –José Ramón Machado, actual segundo secretario del Partido y vicepresidente del Consejo de Estado; Ramiro Valdés, vicepresidente del Consejo de Estado y miembro del Buró Político del PCC, y Guillermo García Frías, miembro del Consejo de Estado y del Comité Central del PCC–, parece que también podrían abandonar su puesto en el Consejo de Estado, haciendo así más explícito el relevo generacional. Aurelio Alonso considera que esto traerá una mayor separación entre la dirección del partido y la del Gobierno.

Paralelamente, según personas expertas, el nuevo grupo dirigente (jefe de Estado y el Consejo) se enfrentará a un reto que la anterior dirección no tuvo: el desafío de gobernar bajo otro modelo de legitimidad. Si la “generación histórica” pudo gobernar y construir su legitimidad en base a la victoria revolucionaria y a la posterior construcción de un nuevo orden social, la actual dirección estará obligada a labrarse un nuevo tipo de legitimidad en función de una gestión que sea eficaz e ilusionante para el nuevo tiempo político. En síntesis, que sean capaces de conducir con suficiente éxito la reforma económica en marcha, que desembocaría en el nuevo modelo bautizado como de “socialismo próspero y sostenible”. De cualquier manera, a corto plazo hay que tener claro, como varios analistas apuntan, que del nuevo Gobierno no vendrán soluciones mágicas para las dificultades actuales, por lo que las expectativas sociales no deberían ser desmesuradas.

Retos políticos. Más allá de la centralidad que seguirá teniendo la gestión del ámbito económico, la “generación de relevo” tiene ante sí una serie de retos de corte más estrictamente político, que deberá afrontar en el próximo quinquenio. El antes citado nuevo modelo de legitimidad que Díaz-Canel y su entorno deben edificar tendrá como uno de sus pilares fundamentales un mayor nivel de democratización; es decir, una redefinición de los mecanismos de participación política existentes y la generación de nuevos repertorios que amplíen y profundicen la participación popular. Para ello, la reforma de la Ley Electoral y de la Constitución parece que serán parte relevante de la agenda de la próxima legislatura.

Reforma electoral. Todavía es una incógnita por dónde transitará la reforma electoral, pero uno de los debates que está sobre la mesa es el método de elección de las personas candidatas. Actualmente las candidaturas para cargos municipales las propone directamente el pueblo, pero para representantes provinciales y nacionales las deciden las comisiones de selección conformadas por asambleístas municipales. Frente al poder que detentan dichas comisiones, se empiezan a escuchar propuestas que plantean la posibilidad de permitir que la ciudadanía, de manera directa, pueda proponer las candidaturas para las APPP y la ANPP.

La prometida reforma de la Constitución continúa sin fecha de inicio del proceso y en gran medida es un paso inevitable para luego poder cambiar la ley electoral. Diversas propuestas están circulando de manera informal por diferentes espacios (calle, medios de comunicación y centros de decisión), algunas con más fuerza que otras. Sin duda, una de gran relevancia es la posibilidad de instaurar la elección directa del presidente. Actualmente, en Cuba, al igual por cierto que en otros regímenes políticos de carácter parlamentario, la Asamblea Nacional es quien elige al jefe de Gobierno. El debate en torno a la legitimidad del nuevo liderazgo ha llevado a realizar esta propuesta de elección directa, ya que, una vez pasada la época de la “generación histórica” que llevó a buen puerto la gesta revolucionaria de 1959, el actual momento político exigiría una legitimación ciudadana más explícita, a través del voto directo.

Esto pondría sobre la mesa otro debate inevitable: la posibilidad de separar las funciones y, por tanto, las figuras de jefe de Estado y de jefe del Consejo de Ministros. Podría llevar a reflexionar en torno al modelo de elección de uno y otro: ¿Directo para el primero e indirecto (vía Parlamento) para el segundo?

Otra propuesta que goza de una simpatía creciente sería la implantación de la incompatibilidad entre ser un cargo de la administración y poder optar a un cargo de elección política. Detrás de esto hay una demanda popular para que se pueda instaurar un mecanismo eficaz de rendición de cuentas, que deberían dar de manera periódica quienes ostentan una responsabilidad administrativa ante los diferentes poderes legislativos (locales, provinciales y nacionales). Esta propuesta de la petición de responsabilidades también se extendería a los poderes ejecutivos, ya que, en realidad, parece que no es una práctica habitual.

Elecciones múltiples. Con la elección del jefe de Estado y de Gobierno y de los 33 miembros que conformarán el nuevo Consejo de Estado, culminará un proceso que dio sus primeros pasos en setiembre de 2017, con la nominación de más de 27.000 candidatos y candidatas que aspiraban a formar parte de las Asambleas Legislativas de sus municipios. Entre la primera y la segunda vuelta electoral fueron elegidas más de 12.500 personas como nuevos miembros del Poder Popular local, para integrar las 168 Asambleas municipales existentes en el país.

El pasado 11 de marzo más de 8.900.000 personas fueron llamadas a las urnas para elegir a los y las 1.265 delegadas a las Asambleas Provinciales (16 en total) y a los 605 diputados de la ANPP. Participaron 7.400.000 personas, el 83% del censo. Del total de votos depositados un 94,5% fueron válidos, frente a un 5,5% de nulos y en blanco. De los válidos, un 80% votó (ratificó) a las candidaturas propuestas. Es importante explicar el sistema de votación para las Asambleas Provinciales (APPP) y para la ANPP, para así poder entender el concepto de “ratificación”. En Cuba, los delegados de las Asambleas Municipales proponen las candidaturas a las Asambleas Provinciales y de la ANPP. De hecho, proponen un número equivalente a las que compondrán definitivamente las APPP y la ANPP. Por tanto, en la elección provincial y nacional el electorado ratifica o no las candidaturas propuestas. En estas elecciones, como hemos señalado anteriormente, 4/5 del electorado ratificó todas las candidaturas propuestas y el resto votó de manera selectiva, solo por algunas de ellas.

Menor participación electoral. En primer lugar, resulta conveniente evaluar los datos de participación en relación a otras elecciones nacionales. Cinco años atrás, en 2013, la participación fue del 91%, es decir, un 8% superior, mientras que en el 2008 fue del 97% y en 2003, del 97,5%. Estos dos últimos datos muestran que en una década la asistencia a las urnas ha bajado un 14%. Es obvio que el porcentaje de participación sigue siendo notablemente alto si lo comparamos con los países del entorno y con niveles internacionales, e incluso en relación a otros países donde el voto es obligatorio (recordemos que en Cuba no lo es).

Sin embargo, esta caída en los últimos años interpela a la dirigencia política cubana y exige una reflexión respecto a las posibles causas de esta mayor desafección electoral. Se desconocen datos desagregados de participación por edad, pero probablemente el menor grado e interés se sitúa entre las generaciones más jóvenes, como se evidencia en los estudios sobre cuestiones políticas que se hacen regularmente en el país.

Donde no se observa variación histórica reciente es en el porcentaje de votos válidos, ya que en las tres elecciones nacionales anteriores se ubicaron en una horquilla del 94% (2013) al 96% (2003). Tampoco se percibe diferencia en el porcentaje de ratificación de las candidaturas propuestas: en 2013 fue del 81%.

Es pertinente, a su vez, analizar el perfil de los candidatos en función de distintas variables como género, etnia, edad o estratificación social. Por un lado, más de la mitad de los nuevos diputados de la ANPP (un 56%) han sido elegidos por primera vez, lo cual desmonta la falsa imagen difundida en el exterior de una estructura política que no se renueva. Por otro lado, el 53% de las nuevas diputadas serán mujeres (322 de un total 605 asambleístas), 8 puntos por encima de la anterior legislatura (45%) y un porcentaje muy superior a la media europea, que se sitúa en el 37%. En cuanto a la composición étnica, casi un 60% serán blancos frente al 40% de población negra y mulata, porcentajes muy similares a la realidad sociológica del país. Es destacable que, respecto a la anterior ANPP, la presencia de estos dos últimos ha crecido 5 puntos.

En cuanto al supuesto carácter gerontocrático del sistema político cubano, se evidencia una renovación generacional en la ANPP, ya que más de la mitad de los parlamentarios (53%) tienen de 50 años para abajo, datos muy similares por ejemplo, al Parlamento español, donde esta franja de edad comprende al 55% del total de sus miembros. Otro dato interesante es que el 47,5% de los miembros de la nueva ANPP son también delegados y delegadas de las asambleas municipales (la ley permite que hasta el 50% sean delegados de base). Esto supone una fuerte presencia en la Asamblea Nacional de referentes locales y de barrio.

En lo relativo al nivel de estudios, un porcentaje muy mayoritario, el 86%, tiene estudios superiores. De aquí se deriva el debate que en algunos sectores de la izquierda cubana se está dando en torno al origen “de clase” de los diputados, o quizás sería más correcto decir a las diferencias “intraclase” que se pueden observar hoy día. Algunos analistas, como el sociólogo Ariel Dacal, plantean que en la composición de la nueva ANPP habrá una sobrerrepresentación de dirigentes políticos (altos cargos de partido) y de directores de empresas estatales frente a una presencia muy escasa de «trabajadores directos de la producción y de servicios».

En síntesis, Cuba entra en una nueva etapa política con infinidad de retos por delante y con una nueva dirección más joven que tendrá que gestionar con mucha habilidad un control popular mucho más intenso que el que tuvieron que afrontar los líderes de la “generación histórica”. Una generación “absuelta por la historia”, y un proyecto de país que continúa su rumbo soberano, a las puertas del sesenta aniversario de la victoria revolucionaria.