![Roger Torrent, presidente del Parlament. (Lluís GENÉ/AFP)](/media/asset_publics/resources/000/489/892/article_main_landscape/torrent.jpg)
En un comunicado, la Cámara catalana ha anunciado que Torrent mantendrá este miércoles y jueves reuniones con cargos de la ONU y también con diversos cargos electos suizos.
El Parlarment justifica el viaje de Torrent en que el Tribunal Supremo español «impidió al diputado Jordi Sànchez someterse al debate de investidura, contraviniendo la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU que instaba al Estado a garantizar sus derechos políticos».
El máximo representante de la Cámara catalana había pedido una reunión con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, pero ante la ausencia esta semana de sus máximos responsables se estaba evaluando cómo y con quién configurar un eventual encuentro.
Según fuentes parlamentarias, el objetivo de Torrent es defender los derechos políticos de todos los diputados y «denunciar las injerencias ilegítimas del Estado» en el Parlament.
Torrent ha tomado esta decisión después de haber propuesto a tres candidatos a la investidura –Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull (JxCat)–y que ninguno de ellos haya podido ser elegido tras decisiones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.
Puigdemont no se sometió a ningún debate de investidura porque el TC señaló que debía estar presente en el pleno y obtener un permiso judicial, mientras que en el caso de Jordi Sànchez fue el TS el que le denegó el permiso para acudir al pleno o comparecer mediante videoconferencia.
Con Jordi Turull la situación fue distinta, ya que sí pudo someterse a una primera votación de investidura que no superó porque no obtuvo los apoyos necesarios, pero no pudo acudir a la segunda votación, programada para 48 horas después, porque fue encarcelado.
Torrent considera que esta situación es inadmisible y por ello acudirá a Ginebra para exponerla ante miembros de Naciones Unidas.
Resolución de la ONU
Tras la negativa a poder ser investido, Jordi Sànchez llevó su caso precisamente a la ONU, que respondió dictando unas medidas cautelares dirigidas al Estado español en las que exigía que garantizara todos los derechos políticos del diputado.
Torrent quiere hablar de este asunto con los miembros de la ONU con los que se reunirá, para alertarlos de que el Estado «ha contravenido la resolución» de Naciones Unidas al rechazar la investidura de Sànchez.
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