Fuentes fiscales han informado del recurso de apelación que el ministerio público ha interpuesto ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional con la intención de que revoque la decisión del magistrado de dejar en libertad a la activista de los CDR detenida y decrete la prisión provisional o, en su caso, libertad o prisión con fianza.

La Fiscalía, que ya pidió prisión para la activista el pasado 12 de abril tras oír su declaración ante el juez, solicita en su recurso que se mantenga la imputación «por un delito de terrorismo del artículo 573 (del Código Penal) y/o de rebelión».

Esto justificaría la competencia de la Audiencia Nacional en la investigación de los hechos ya que, a juicio del ministerio público, todavía es «prematuro» excluirlos.

Sin embargo, el juez De Egea no vio «terrorismo» en la participación de Tamara C.G. en las acciones llevadas a cabo en las carreteras catalanas y, tras tomarle declaración, la dejó en libertad con medidas cautelares y la imputó un delito de «desórdenes públicos», que no es competencia de la Audiencia Nacional.

De Egea le impuso como medidas cautelares comparecencias semanales en el juzgado, prohibición de salir de su municipio de residencia salvo para ir al trabajo, autorización judicial para cualquier salida del término municipal en el que reside, prohibición de salir del Estado español y fijación de domicilio y teléfono.