Tras el camino emprendido por el Colectivo de Presas y Presos Políticos Vascos (EPPK) para acogerse a la vía legal y abordar de manera individualizada el procedimiento que culmine en su excarcelación, la Audiencia Nacional ha emitido su primer auto denegando el acceso a segundo grado a un preso encarcelado en Córdoba. En respuesta a un recurso de apelación planteado por su abogada, el tribunal de excepción rechaza la progresión de grado manteniéndolo en primer grado. Un régimen en el que permanece aun después de los más de 20 años de cárcel que lleva cumplidos.

Conviene apuntar que esta última de la AN es la cuarta negativa que recibe este prisionero tras acudir a diferentes instancias. Según fuentes jurídicas consultadas por GARA, la demanda fue rechazada primero por la junta de tratamiento de la prisión andaluza. El pertinente recurso ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tampoco fue aceptado.

En tercera instancia, el caso se tramitó ante el juez de Vigilancia Penitenciaria de la AN, que también se posicionó en contra. La respuesta no ha variado tras presentarse recurso de apelación. El auto sostiene que «los argumentos o factores negativos empleados para denegar la progresión de grado han sido: pertenencia del interno a la organización terrorista ETA de la que no hay constancia de su desvinculación, ni intento de reparación a las víctimas, con irregular trayectoria penitenciaria en su ingreso». Alega, asimismo, la existencia de «riesgo de reincidencia muy alto».

Las mismas fuentes reconocen que «la respuesta es bastante deprimente porque tampoco analiza el caso concreto y utiliza casi los mismos términos que la Administración Penitenciaria, dependiente del Gobierno». Se trata, agregan, de un «modelo genérico, idéntico para todos»..

«No se individualiza el caso»

Entrando a valorar la argumentación del juez, precisan que «no se individualiza el caso y además no se concreta en la actitud que pueda tener hoy en día el preso sino más bien en los delitos cometidos, que eso nunca se puede tener en cuenta para una clasificación. Por los delitos cometidos ya ha sido condenado». Y ponen como ejemplo una cuestión en concreto: «Entre otras cosas, alega un riesgo de reincidencia muy alto que en ningún caso puede existir hoy en día ya que ETA está desarmada y definitivamente ha cesado sus actividades».

El auto tiene implicaciones directas en la vía jurídico-legal afrontada por EPPK. Mantener a los presos en primer grado tiene dos dimensiones. Una es más personal, relacionada con la vida cotidiana dentro de prisión: bajo medidas de seguridad extremas, con 20 horas al día en soledad. «Algo excepcional que se aplica de manera generalizada a los presos vascos y durante toda su condena». Y la segunda se resume en que supone el primer obstáculo a superar para acceder al segundo grado y, con ello, a los permisos: es decir, para seguir la vía legal para la excarcelación del preso y conseguir beneficios penitenciarios. Los casos más recientes son los permisos concedidos a Sara Majarenas y Xabier Sagardoi.

«Los presos han manifestado que están dispuestos a recorrer esa vía. En eso estamos y la respuesta que recibimos no se puede definir como legal», manifiestan las citadas fuentes. Ante ello, no se descartan nuevas vías a través del Constitucional o, en última instancia, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Las JJGG de Araba piden el fin del alejamiento

Todos los partidos políticos salvo el PP apoyaron ayer en las Juntas Generales de Araba una moción en la que se reclama el fin del alejamiento de los presos vascos. El texto, impulsado por el Foro Social y suscrito por EH Bildu y Podemos, fue apoyado por PNV y PSE. En él se solicita «una nueva política penitenciaria que evite el cumplimiento de penas privativas de libertad lejos de los lugares de arraigo social y familiar». La juntera de EH Bildu Lorena López de Lacalle reclamó que se ponga fin a esa «política de venganza», contraria al derecho internacional que aplica el Estado al Colectivo de Presos.

El consenso se trasladó también al ámbito sindical, con el apoyo de ELA, LAB, CCOO, UGT, Steilas, ESK, EHNE, Hiru y Etxalde a la demanda de un cambio en la política carcelaria.GARA