En concreto, la unidad policial está investigando si se podrían haber subido a distintos foros y plataformas de las redes sociales datos personales y privados de la víctima, como su DNI o fotografías, cuya difusión sería «perseguible y sancionable».

Los agentes están intentado localizar quién ha podido difundir los datos que se han podido filtrar sobre la víctima y de dónde se han podido extraer, según las mismas fuentes.

Varios medios digitales han publicado que se ha difundido en, al menos dos foros con seguimiento masivo en internet, fotografías y datos personales de la víctima de ‘la Manada’, como su nombre y apellidos, además de algunos de sus perfiles en redes sociales y fotos. Estos datos habrían sido luego retirados, según los medios digitales.

«Irresponsabilidad»

Los colectivos feministas Andrea y Lunes Lilas han denunciado la «irresponsabilidad» de algunos medios de comunicación que han publicado información de la víctima del caso y han instado a las asociaciones de periodistas a adoptar medidas al respecto.

En un comunicado señalan que no hace ni una semana estaban en la calle reclamando el «fin de la justicia patriarcal, enfadadas, engañadas, rabiosas por una sentencia que no reconocía que el caso de ‘la Manada’ era una violación» y una semana después se encuentran con «otro elemento patriarcal».

En este caso, aseveran, «la responsabilidad es mucho mayor», ya que varios medios de comunicación del Estado han publicado durante la instrucción y el juicio datos que han permitido que dos portales web hayan unido cabos y, posteriormente, hayan publicado información confidencial de la víctima.

Así, según denuncian, se ha publicado una fotografía de espaldas de la víctima, la universidad en la que estudia, la carrera que cursa y el barrio en el que vive.

Además de exigir a esos medios que rectifiquen y eliminen esos datos de sus páginas, les instan a pedir una «disculpa pública por precipitar la publicación de datos íntimos y confidenciales de la víctima».

Al mismo tiempo piden a los colegios profesionales de periodistas, en especial a la FAPE y a la APM, asociaciones de periodistas a nivel estatal y de Madrid, que estudien las informaciones publicadas y acordar, si es caso, sanciones al medio de comunicación u otro tipo de medidas.

A los medios de comunicación les piden que elaboren sus informaciones con rigor periodístico y cumplan con las prohibiciones o las restricciones de publicación de datos privados de las víctimas, más si cabe, en casos como éste en el que se produjo un juicio a la víctima, llegando a «cuestionarse su recuperación o su vida tras la agresión sexual».

Asimismo hacen un llamamiento a la sociedad para que denuncie la difusión de datos personales de las víctimas tanto en medios de comunicación como foros y páginas web.