El TS ha estimado de forma parcial el recurso de casación interpuesto por Renteria y ha anulado la sentencia de la Audiencia de Bizkaia que le impuso 2 años y medio de prisión y el pago de una multa de 1.800 euros por un delito de falsificación de documento público siendo autoridad y por otro delito de fraude a la administración. En concepto de responsabilidad civil, también fue condenado a indemnizar al Ayuntamiento de Bakio en la cantidad de 140.000 euros.

La sentencia establece que la inhabilitación de ocho años afecta al cargo de alcalde, concejal, y a cualquier cargo de representación pública y todo aquel que conlleve por razón del mismo intervención en cualquiera de los actos de las modalidades de contratación pública.

La Sala explica que no concurren los elementos del delito de falsedad por el que fue condenado, dado que el dolo de llevar a cabo la alteración «clara y diáfana» del contrato no es «alteración de la verdad», sino más bien un delito de prevaricación que fue objeto de acusación por la fiscalía y por la acusación popular.

En este sentido, afirma que, pese a la advertencia de ilegalidad que le hizo el secretario, «impuso su voluntad de que ese contrato se redactara alterando el pliego de condiciones, formando el contrato parte indisoluble de la resolución de adjudicación como 'modus operandi' de desarrollo de la misma». Por ello, recoge la sentencia, «la ilegalidad es contundente y manifiesta, ya que se altera el contrato por su propia decisión y a sabiendas de que se modifican las condiciones de la adjudicación».

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro Servet, destaca que la decisión del recurrente fue «arbitraria, dado que lo hizo de forma unilateral, con la advertencia de que era ilegal, a sabiendas de la alteración de las condiciones y en clara contradicción con la resolución, lo que venía a constituir la misma resolución la redacción del contrato, como parte integrante de la decisión de adjudicación y eslabón final de la cadena en el procedimiento administrativo».

Las irregularidades administrativas, indican los magistrados, «fueron esenciales y obviadas conscientemente para dar entrada a la arbitrariedad, al amiguismo y al clientelismo político, con desprecio y apartamiento voluntario de las normas administrativas que rigen la adjudicación de tales contratos».

Los magistrados consideran que el contrato firmado por el recurrente, «e ideado por él en la modificación del pliego de condiciones», es una declaración de voluntad dirigida con la empresa que era la adjudicataria para fijar «las reglas del juego» de su relación con el Ayuntamiento en la explotación objeto del contrato, y que era la base de la resolución de adjudicación. Según el fallo, ese contrato forma parte de esta última, y la integra, y puede entenderse dentro del concepto de resolución, porque define en términos ejecutivos una situación jurídica que le afecta.