No hace falta contar con una capacidad deductiva muy afinada, un sexto sentido o un olfato especial para caer en la cuenta de que a Iñigo Urkullu no le ha gustado el modo en que se ha procedido a certificar el fin de ETA. Al lehendakari no le gustó el acto del viernes Kanbo ni tampoco el celebrado en Baiona el 8 de abril del pasado año, con motivo del desarme. No acudió a ninguno de los dos. Tampoco estuvo cómodo en Aiete, donde estuvo como presidente del PNV, ni ha acompañado de buena gana los pasos acometidos desde entonces. No sorprende, por tanto, que ayer dijera en Radio Euskadi que el fin de ETA «no es evidentemente el que se merece el pueblo vasco». «No es el final que debería haber sido, el de una organización terrorista», insistió, con un mensaje muy parecido al que en los últimos días hemos oído de grupos tan escorados como Covite.

En ese mismo tono, el mandatario autonómico dijo recibir «como un honor» las alusiones que ETA hace a su persona en la entrevista publicada ayer en GARA. En respuesta a una pregunta formulada por este diario, portavoces de la organización admiten que «en estos años hemos visto con preocupación la obsesión por enturbiar cualquier intento (sobre todo por parte del PNV y Urkullu). Parece que han preferido ensuciar la situación a encarar las oportunidades que ofrece esta nueva situación para las próximas décadas. Parece que temen que la nueva situación deje en evidencia sus carencias y el hecho de que no tienen problemas para ejercer de bastón del régimen». Frente a ello, Urkullu manifestó que «tengo el honor de que me critique, pero si alguien ha ensuciado lo que pudiera ser un proceso de paz es quien se erigió supuestamente y utilizando ilegítimamente el nombre del pueblo vasco como salvador de este pueblo y fundador de lo que era el Movimiento de Liberación Nacional Vasco». Y añadió que «si a mí me acusa es porque represento también a una institución contra la que ETA ha estado siempre».

Los agentes internacionales

Con todo, el inquilino de Ajuria Enea no lanzó todas sus andanadas contra ETA sino que también guardó munición para censurar la actitud de los líderes internacionales que el viernes se dieron cita en Arnaga.

En la declaración leída en la imponente mansión labortana, se afirma entre otras cosas que «hubo llamados en Aiete que no fueron correspondidos. Sugerimos que se desarrollara el diálogo entre el grupo y el gobierno español, y no lo ha habido». Y apostillaba, algunos párrafos después, que «tal y como declaramos en Aiete en 2011, creemos que construir una paz necesita de diálogo político entre todos los actores principales. Recurrir sólo a medidas de seguridad y prisión es raramente eficaz. La paz no es un juego de suma cero, sino un asunto de voluntad política donde ambas partes se ponen de acuerdo». Palabras que pueden entenderse como una llamada de atención pero sin estridencia y que se ciñen al estricto protocolo diplomático. Pero a Urkullu no le gustaron. «Estaba de sobra», sostuvo en la entrevista en la radio pública. «Yo respeto lo que haya sido la reunión de Kanbo y, por lo tanto, que se haya querido levantar acta notarial de lo que ya había sido más importante el día anterior con la emisión del comunicado de ETA, de su disolución y final definitivo» apuntó, para añadir a continuación que «a partir de ahí, que agentes internacionales emitan un criterio de lo que ha de ser la política en la Comunidad Autónoma Vasca o en el Estado español, cuando, además, el mismo comunicado final de ETA del día anterior era crítico con la política de los estados que han acogido la reunión de los agentes internacionales tanto en Aiete como en Kanbo, estaba de sobra». No es la primera vez que el público o en privado el lehendakari desliza críticas contra los agentes internacionales que durante años han trabajado para promover y tratar de desencallar el proceso.

Del mismo modo, cabe recordar que el mismo viernes, Urkullu censuró al presidente de la Mancomunidad de Ipar Euskal Herria, Jean-René Etchegaray, en una entrevista en “Sud-Ouest”.

Amnistía Internacional

Vistos estos precedentes, habrá que ver cómo recibe el político de Alonsotegi la propuesta de Amnistía Internacional, cuyo director en el Estado español, Esteban Beltrán, mantuvo ayer un encuentro con la lehendakari, Uxue Barkos, a la que expuso su deseo de que los gobiernos de Lakua, Iruñea y Madrid desarrollen una «agenda común de derechos humanos», basada en el derecho internacional.

De momento, queda claro que la expuesta por Urkullu es la posición de todo su Gabinete, donde tiene especial protagonismo Jonan Fernández, secretario general de DDHH, Convivencia y Cooperación que también se refirió a la entrevista en GARA para considerar que ETA habla «desde otro planeta». «La moraleja que queda aquí es que fue un error ético, político, democrático y estratégico, y es lo que ve todo el mundo. Tras dejar 853 víctimas, ¿no se dan cuenta dónde está en estos momentos la sociedad vasca y su sensibilidad? No responde ante eso, y por eso digo que parece que está en otra realidad», señaló en ETB1 el exresponsable de Elkarri y de la coordinadora Lurraldea.

La réplica de Puelles

Otra de las personas que quiso responder a lo manifestado por ETA fue el ertzaina Josu Puelles, hermano del inspector de la Policía española Eduardo Puelles, muerto en atentado en junio de 2009. En la entrevista se afirma, ante la pregunta sobre si «todos los muertos y heridos por ETA son víctimas», que «el hermano de un mando policial muerto a consecuencia de una acción de ETA, él también policía, declaró esto ante los medios de comunicación: ‘Mi hermano no es una víctima, es un gudari, gudari nagusia’. Está claro que esa persona no quería rebajar el daño causado, ni aliviar la responsabilidad de ETA». Puelles replicó ayer diciendo que ETA había «descontextualizado» sus palabras, y que lo que manifestó «no significa aceptar que había un conflicto ni muchísimo menos, sino, simple y llanamente, que había personas que coartaban la libertad de los vascos y mi hermano luchó porque esa libertad no fuera coartada, porque defendía la libertad que el Estado de Derecho debe preservar».

Reunión del «Pacto Antiterrorista» esta semana con la política carcelaria en la agenda

La hemeroteca está plagada de declaraciones de portavoces políticos, también del partido que ostenta hoy el Gobierno español, en las que se aseguraba que el final de ETA conllevaría de inmediato un cambio en la situación de los presos y presas vascas. Pero al igual que ha ocurrido otras veces, también en esta ocasión esos partidos han ido reculando a medida que se avanzaba hacia lo que al final se ha producido. En este sentido, el delegado del Gobierno español en la CAV, Javier de Andrés, dijo ayer en una rueda de prensa en Gasteiz que «no se adoptarán decisiones con carácter colectivo» y emplazó incluso a los prisioneros a «abandonar la jerarquía disciplinaria de ETA o del EPPK para aprovechar los beneficios penitenciarios». Según la tesis del Ejecutivo, si hasta ahora los presos estaban sometidos a la «disciplina de ETA», una vez desaparecida esa organización, ese papel lo ejercería el colectivo de presos políticos vascos.

De Andrés, con todo, dijo que el Gobierno español «escuchará y atenderá» los planteamientos que le puedan trasladar los partidos que acudan a la reunión del llamado Pacto Antiterrorista, convocada para esta semana, entre ellos, los referidos a posibles cambios en la política que se aplica a los presos vascos.

Sobre este mismo asunto, Iñigo Urkullu declaró ayer en Radio Euskadi que el presidente del Gobierno español es «sensible» a las demandas que sobre este tema se han expuesto desde casi todas las instituciones vascas. Aun así, el lehendakari matizó que Mariano Rajoy «también está muy condicionado por lo que ha sido el discurso que permanentemente el PP ha construido desde la época de Aznar». «Construyeron un discurso que se impuso, contaminando lo que eran los conceptos de dispersión con alejamiento, contaminando lo que era el planteamiento que desde las instituciones vascas y desde el Pacto de Ajuria Enea se hacía en relación al final dialogado de ETA y el acercamiento, cumpliendo la legislación penitenciaria». En este sentido, defendió el planteamiento expuesto por él mismo y la lehendakari Uxue Barkos de ofrecer al Ejecutivo español «un grupo de trabajo» sobre política penitenciaria. «Es una oferta que hacemos al Gobierno español, a quien yo sí, por las conversaciones que he mantenido con él, reitero que veo sensible a esta cuestión», insistió el mandatario autonómico, señalando a su vez que «ha venido la disolución de ETA. hagamos caso por lo tanto a lo que cada uno hemos dicho también en el pasado» sobre esta materia.

Por su parte, el secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, manifestó en RNE que «hace años venimos diciendo que otra política penitenciaria era razonable y posible, algunos acercamientos, pero sin ligarlo de ninguna manera a este anuncio último». .GARA