El jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, ha presidido una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para aprobar la presentación del recurso, que cuenta con el aval unánime del Consejo de Estado, con lo que «el Gobierno cumple con su deber defendiendo la Constitución y el respeto a la ley», según ha escrito el presidente en su cuenta de Twitter.

Un recurso que el TC -cuyo pleno se encuentra reunido desde ayer- podría admitir a trámite hoy mismo, lo que supondría la suspensión automática de la ley.

En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, el portavoz del Ejecutivo español, Iñigo Méndez de Vigo, ha señalado que Carles Puigdemont es «un profugo de la Justicia» contra el que pesa una orden europea de detención que está siendo estudiada por la Justicia alemana y ha recordado que el Ejecutivo ya había anunciado su intención de «utilizar todos los instrumentos jurídicos» a su alcance para «impedir un fraude de ley».

Méndez de Vigo ha precisado que lo que se recurre son «determinados preceptos» de esa Ley de Presidencia que se había aprobado por el procedimiento de urgencia y en lectura única el Parlamento de Catalunya contra el criterio de los letrados de la Cámara Autonómica y el Consell de Garantías. «Ningún candidato a la Presidencia de la Generalitat puede ser investido si no está presente en el Parlamento defendiendo en su sede su programa investidura», ha recalcado Méndez de Vigo, quien ha reiterado que el TC ya se pronunció en enero pasado y adoptó medidas cautelares en abril tras admitir a trámite otro recurso del Gobierno.

Del mismo modo, se recurre la posibilidad de permitir sesiones de órganos colegiados de la Generalitat a distancia, por vía telemática. «Nadie puede tener ninguna duda de la voluntad del Gobierno de impedir cualquier vulneración o fraude de la ley», ha subrayado Méndez de Vigo.

Para el portavoz, el Ejecutivo ha pretendido «y ha conseguido» restablecer el orden constitucional y estatutario vulnerado en Catalunya, recuperar la convivencia, devolver la confianza en las instituciones y frenar el deterioro económico y social.