El cambio en la política penitenciaria va tomando fuerza en la agenda, una vez que ETA declaró la pasada semana el final de su trayectoria. Algunos partidos como Ciudadanos y la extinguida UPyD –que permanece latente en el Parlamento europeo– pretenden marcar al Gobierno del PP para que mantenga intacta su estrategia de alejamiento y rigor estricto hacia los presos vascos. Otros grupos, como Unidos Podemos, defiende la necesidad de que los presos condenados por relación con ETA deberían cumplir sus penas «lo más cercano a sus domicilios, como cualquier preso». El PSOE también se muestra partidario de abordar la cuestión, pero Margarita Robles explicó que ayer «no tocaba» hablar de ello.

Y así fue. O casi. En la reunión del llamado Pacto Antiterrorista, el Gobierno y los partidos se esforzaron en recalcar que su encuentro estaba dedicado a las víctimas de ETA y no a hablar de política penitenciaria. Los titulares de las agencias –«El Pacto Antiterrorista defiende la memoria de las víctimas en la derrota de ETA sin entrar en detalles sobre preso» o «Partidos aparcan el debate del acercamiento de presos para apoyar a víctimas»– evidenciaban cuál era el discurso oficial del día.

Sin PNV, EH Bildu ni ERC

El ministro de Interior se reunió al mediodía con los partidos, sin la asistencia ni de PNV ni de ERC. EH Bildu ni siquiera estaba invitada. En la cita participaron también el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), José Luis Olivera, y los máximos jefes de Información tanto de la Policía como de la Guardia Civil, Juan Carlos Ortiz y Fernando Santafé, respectivamente.

Según el ministro José Ignacio Zoido, todo fue por los cauces previstos hasta que Tomás Aparicio, de UPyD, preguntó «¿Y los presos, qué?». Y Zoido aseguró que le respondió que «con los presos, aplicación escrupulosa de la ley». E insistió en que «no habrá contraprestaciones ni concesiones». Ese es el mensaje invariable del Gobierno español estos días, aunque partidos como Ciudadanos, e incluso socios como UPN, pretenden presentarse como garantes del inmovilismo, presionando al Ejecutivo.

Rajoy, con 25 asociaciones

Por la tarde, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, se reunió con representantes de veinticinco asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo, y no son todas las existentes. El número da una idea de la proliferación de este tipo de organizaciones.

Estas asociaciones mantienen el discurso de que el Gobierno no debe hacer ningún tipo de movimiento en materia de presos, y equiparan el acercamiento con la obtención de un beneficio penitenciario.

Algunas, como Covite, no ocultan sus reproches al Ejecutivo de Rajoy, al que acusan de haber «rogado a ETA que se disuelva cuando su obligación como Gobierno era disolverla». También le echan en cara haber «guardado silencio ante las campañas de mentiras del nacionalismo». En la reunión de ayer, Consuelo Ordóñez se permitió poner deberes al presidente, para luchar contra el falseamiento de la historia y que cumpla su programa de desarrollo de la política penitenciaria de reinserción individual.

UPN amenaza a Rajoy contra la mayoría de su Parlamento

El Parlamento de Nafarroa aprobó ayer, con el voto del cuatripartito y de PSN, «instar al Gobierno de España a que proceda a trasladar inmediatamente a la cárcel de Pamplona a todas las personas presas navarras o con arraigo en Navarra que se encuentren cumpliendo condena en otras prisiones siempre que las interesadas muestren su conformidad».

En contra de la decisión mayoritaria de la Cámara, UPN anunció también ayer mismo que su formación no apoyará los Presupuestos Generales del Estado si el presidente del Gobierno no se compromete por escrito a no negociar con los ejecutivos de Iruñea y Gasteiz un posible acercamiento a cárceles vascas de presos condenados por su relación con ETA. El presidente de UPN, Javier Esparza, desde Iruñea, y el diputado Javier Alli, desde Madrid, exigieron a Rajoy su «compromiso firmado» de que no modificará la política penitenciaria ni se sentará con los lehendakaris Iñigo Urkullu y Uxue Barkos para negociar ese acercamiento de presos. GARA