La petición formal para la apertura de una investigación sobre los asentamientos y la masacre en Gaza ha sido entregada por el ministro de Exteriores de la ANP, Riyad al-Maliki, quien se ha reunido con la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, en La Haya.

Al-Maliki ha urgido a Bensouda a enviar a un equipo de investigadores a Gaza y Cisjordania para «recoger pruebas» y abrir así un caso formal en la CPI contra Israel, según un portavoz de la ANP.

Desde que Palestina se incorporó en abril de 2015 a la CPI, tiene la capacidad de presentar este tipo de peticiones formales, aunque como exigen los procedimientos de la Corte, es la Fiscalía quien decidirá si abrir una investigación preliminar sobre el caso.

La ANP decidió recurrir a este tribunal, situado en La Haya, después de la muerte de decenas de palestinos en la Franja de Gaza por disparos del Ejército israelí.

La tensión en la Franja de Gaza era ya alta desde las protestas palestinas por la Gran Marcha del Retorno y contra el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén, pero aumentó el pasado día 14, cuando este movimiento se hizo efectivo.

El Ejército israelí mató a 60 palestinos más ese día y a dos más al siguiente, lo que eleva a 110 las víctimas mortales desde que empezaron las manifestaciones el 30 de marzo.

«Paso histórico»

En un comunicado recogido por la agencia oficial WAFA, el Ministerio de Exteriores de la ANP ha sostenido que se trata de «un paso histórico e importante hacia la justicia para el pueblo palestino, que sigue sufriendo por los continuados, generalizados y sistemáticos crímenes».

«En nombre del pueblo palestino, el Estado de Palestina ha ejercido su derecho como estado parte del Estatuto de Roma de remitir la situación en Palestina al TPI», ha añadido el Ministerio. «Dada la gravedad y la intensificación de los crímenes cometidos en el territorio del Estado de Palestina y la impunidad con la que las autoridades israelíes y otros ciudadanos cometen dichos delitos, se ha vuelto necesario dar este paso», ha defendido en su declaración.

«Palestina está también avanzando en la causa de la paz ya que la justicia es la piedra angular de la pazÇ, ha agregado el departamento que encabeza Al-Maliki, para el que los asentamientos ilegales «son la amenaza más peligrosa para las vidas y medios de vida de los palestinos y sus derechos nacionales».

«Israel mantiene, expande y protege el régimen de asentamientos cometiendo crímenes de guerra, crímenes contra la Humanidad y el crimen de apartheid contra los palestinos», ha sostenido el Ministerio.

Según ha indicado, entre los crímenes incluidos en la solicitud figuran «el traslado forzoso de palestinos, asesinatos, apropiación ilegal de terrenos y propiedades, demolición de viviendas palestinas y otras propiedades, represión de la disidencia matando a manifestantes pacíficos, así como la política de detención arbitraria masiva y tortura».

Lo que se busca con esta solicitud, según la Autoridad Palestina, es que aquellos responsables de estos crímenes «rindan cuentas por sus acciones sin demora». «El TPI es el órgano competente para examinar estos crímenes continuados y perseguir a los principales responsables por su compasión», ha insistido, animando al tribunal a «cumplir con sus responsabilidades y avanzar en la causa de la justicia y la rendición de cuentas». «Este es un examen que el TPI no puede permitirse suspender», ha zanjado.

Israel habla de «paso cínico»

Por su parte, Israel ha defendido que la Autoridad Palestina ha dado «un paso cínico sin ninguna validez legal». En un comunicado, el Ministerio de Exteriores israelí ha defendido que «los palestinos siguen explotando al tribunal con fines políticos, en lugar de trabajar hacia la reanudación del proceso de paz con Israel».

«Es absurdo que las acciones palestinas respecto al TPI se produzcan en un momento en que los palestinos siguen incitando a actos de terrorismo, mientras se aprovechan de mujeres y niños como escudos humanos para perpetrar ataques violentos contra la seguridad de los ciudadanos de Israel», ha añadido el Gobierno de Benjamin Netanyahu, en clara referencia a lo ocurrido en Gaza.

El Ejecutivo israelí ha sostenido que el TPI «carece de jurisdicción en la cuestión palestino israelí, dado que Israel no es parte del Tribunal y la Autoridad Palestina no es un Estado». Por ello, ha confiado en que el TPI y su fiscal «no se plieguen a la presión palestina y se mantengan firmes contra los esfuerzos continuados de los palestinos de politizar el tribunal y hacer descarrilar su mandato».

«Israel actúa conforme a mecanismos de revisión judicial exhaustivos e independientes, adecuados a un Estado democrático, y conforme con el Derecho Internacional», ha defendido el Gobierno que lidera Netanyahu.