La Audiencia Territorial de Schleswig Holstein mantiene invariable su rechazo a incluir el cargo de rebelión en el proceso de extradición contra Carles Puigdemont. En una decisión adoptada ayer, el tribunal alemán se reafirma explícitamente en su postura del 5 de abril, cuando consideró «en principio inadmisible» una causa de extradición del exmandatario catalán por rebelión. Esta resolución llega en respuesta a una petición de la Fiscalía formulada el 9 de mayo para que fuera detenido.

Un mes antes, el 5 de abril, Puigdemont quedó en libertad bajo fianza de 75.000 euros, mientras sigue el proceso de extradición por malversación de fondos, una vez descartado en primera instancia el de rebelión.

Tras su detención el 25 de marzo, el magistrado del Tribunal Supremo español Pablo Llarena pidió la extradición del president exiliado por los delitos de rebelión y de malversación de fondos públicos a causa de su implicación en el proceso independentista de Catalunya, una posición a la que se adhirió la Fiscalía alemana, una institución directamente vinculada al Ejecutivo, pero que se topó con el rechazo inmediato del tribunal a valorar siquiera la opción de extraditarlo por rebelión.

Nueva petición de detención

Pese a ello, el Ministerio Público presentó el 9 de mayo una nueva solicitud para la detención de Puigdemont, por considerar que la posibilidad de una extradición por rebelión aumentaría el riesgo de fuga. La Fiscalía argumentó su petición en documentos facilitados por fiscales españoles en una reunión celebrada en La Haya, en particular unos vídeos que, sostiene, «muestran los actos violentos contra fuerzas policiales españolas». «Los disturbios tenían tal dimensión que la Fiscalía parte de la base de que hay que extraditar por rebelión. Según la ley alemana, se tomaría en consideración no sólo el delito por alta traición, sino en todo caso, también por perturbación del orden público en caso particularmente grave», según el comunicado emitido ayer por la propia Fiscalía.

Sin embargo, el tribunal rechazó en primer lugar la solicitud de detención y, apenas unas horas después, valoró que las nuevas informaciones no dan motivo para volver a plantear el cargo de rebelión. «Desde el punto de vista del tribunal, en el marco del proceso no ha habido ni en la base probatoria ni en la consideración jurídica de los hechos un cambio significativo que lleve a un cambio de la postura que quedó reflejada en la decisión del 5 de abril de 2018», considera en un comunicado.

El tribunal insiste en que no se cumplen las condiciones para ver tipificado el delito de alta traición, que correspondería en la legislación alemana con el de rebelión española. «Las informaciones adicionales sobre hechos concretos no cambian nada en esto», según la resolución.

La Audiencia también rechaza considerar el delito de perturbación del orden público, puesto que Puigdemont no puede ser responsabilizado personalmente de hechos que pudieran constituir ese delito. Por ello, la orden de detención contra el expresident en Alemania sigue limitada al cargo de malversación de fondos públicos.

La Fiscalía volverá a la carga

Tras la resolución de ayer, y al margen de la petición de detención del 9 de mayo, se espera ahora que la Fiscalía formalice una nueva petición de extradición próximamente, que siga incluyendo el delito de rebelión. En cualquier caso, desde el Ministerio Público indicaron que tendrán en cuenta para su solicitud los argumentos comunicados ayer por la Audiencia Territorial del estado federado.

La portavoz y fiscal primera de Schleswig-Holstein, Wiebke Hoffelner, declaró a Efe que la Fiscalía no está copiando «al pie de la letra» su anterior petición del 9 de mayo para preparar su nuevo escrito de solicitud de extradición de Puigdemont, que, avanzó, sería presentado no antes de finales de esta semana. La portavoz apostilló que, «naturalmente, tenemos que analizar todavía los motivos» comunicados ayer por la corte, lo que requerirá un tiempo adicional para su argumentación, aunque anunció que su petición «está lista para presentarla en breve».

A pesar del evidente contratiempo, el enésimo, el ministro español de Justicia, Rafael Catalá, quiso restar importancia a la resolución judicial, argumentando que no se trata de una «decisión final» en este asunto. En declaraciones realizadas en los pasillos del Senado, el ministro pidió respetar los tiempos y las resoluciones judiciales y quiso agarrarse al clavo ardiendo de la Fiscalía. «La buena noticia es que la Fiscalía alemana insiste en el procedimiento de la orden europea tal como fue planteada por el tribunal español», expuso, obviando el carácter orgánico de esa institución.

Torrent visita a los presos

Y mientras el futuro procesal de Puigdemont se dirime en Alemania, Rogert Torrent, máximo representante del Parlament, retomó ayer sus visitas a los presos y presas políticas catalanas. Así, tras visitar en la prisión madrileña de Estremera al exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, y a los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull –los dos últimos designados para el nuevo Ejecutivo–, el mandatario catalán volvió a reclamar a los dirigentes españoles diálogo para resolver «con política» un problema que es «político».

Por la tarde, Torrent se trasladó a la prisión de Soto de Real para ver al diputado de JxCat y expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Torra insta al Gobierno de Rajoy a desbloquear los nombramientos

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviado una carta al Gobierno español para instarle a desencallar la publicación de los nombramientos de los consellers. En entrevista en RAC1, recordó que la toma de posesión de los consellers está prevista para hoy, y explicó que en la misiva, firmada por el secretario del Govern, Víctor Cullell, y dirigida al subsecretario de la Presidencia, José María Jover, se advierte de que la negativa a la autorización por parte del Gobierno español de la publicación de los nombramientos «podría entenderse como una atribución genérica e ilimitada de control de las funciones del presidente de la Generalitat y un desapoderamiento de las funciones que el Estatuto de autonomía le atribuye». Opinó que Madrid «está obligado a publicar» el decreto y avisó que de no hacerlo «nos obligará a tomar medidas».

Por contra, la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, no puso reparos a la no publicación de los nombramientos de Jordi Turull, Josep Rull, Toni Comín y Lluís Puig, bajo el argumento de que se mantiene el artículo 155 en Catalunya. Preguntada por el hecho de que expertos juristas apuntan que no se puede prohibir ser consejeros a personas que no están inhabilitadas, Robles replicó que todas las opiniones son «respetables», pero insistió en que «jurídicamente» es «correcto».GARA