Dos días después de que otro escudero de José Maria Aznar, Eduardo Zaplana, fuese detenido, y pocas horas antes de que –con los Presupuestos aprobados gracias al PNV– la sentencia del llamado «caso Gürtel» acreditase la «caja B» del PP, decenas de agentes de la Policía española detuvieron ayer a una treintena de personas en una operación contra una supuesta trama de fraude vinculada a la Diputación de Barcelona durante la gestión de CiU. El científico Robert Sapolsky no lo sabía, pero no hablaba solo de su disciplina cuando afirmaba que «es prácticamente imposible entender cómo funciona la biología fuera del contexto del entorno».

Como acostumbra en casos de operaciones mediáticas como la vivida ayer en Catalunya, toca separar el grano de la paja. La paja: los medios madrileños volvieron a llegar a varios de los registros previstos antes que la Policía española y, salvo alguna excepción, todos vincularon la operación a la financiación del proceso y, en especial, del referéndum del 1 de octubre. «Macrorredada por el desvío de 10 millones de euros de ayudas para financiar el ‘procés’», tituló por la mañana, sin ir más lejos, “El País”. Pero la realidad, a través de una nota del propio Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), se encargó de desmentir un titular que por la tarde se transformó: «Macrorredada en Cataluña por el desvió de fondos para la cooperación».

Los aparatos del Estado siguen buscando cada vez con mayor desespero el dinero con el que se pagó el referéndum, sin el cual se cae la acusación de malversación de fondos públicos contra los dirigentes catalanes encarcelados y exiliados.

Retirada la paja, llegamos al grano. Hace tres años y cuatro días, el periodista Pere Rusiñol publicó en Eldiario.es una noticia sobre el cambio en las políticas de ayudas a la cooperación de la Diputación de Barcelona desde el desembarco de Convergència en la institución. «La Diputación de Barcelona reparte entre empresas un millón de euros de la cooperación al desarrollo», fue el titular en el que se denunciaba que «las ayudas al desarrollo se han vuelto indistinguibles del apoyo a la internacionalización de empresas».

Un año después, el 7 de junio de 2016, la CUP y la CGT presentaron una denuncia ante la Oficina Antifraude de Catalunya en la que, tirando del mismo hilo que la información periodística previa, señalaban el desvío de numerosos fondos de cooperación a empresas con nula experiencia en el sector, en detrimento de las ONG y entidades sociales que hasta el momento habían gestionado la mayoría de estas partidas de la Diputación de Barcelona. Es más, se señalaban casos en los que directivos de varias empresas habrían emitido facturas a su nombre de menos de 18.000 euros, que es el máximo que se puede adjudicar sin necesidad de convocar un concurso público.

Junto a esta denuncia pública, ayer las agencias de información españolas hablaron también de la información que un anónimo habría puesto en manos del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ya en 2011. De ser cierto, el titular del juzgado, Joaquín Aguirre, que ayer dirigió personalmente el registro de la Diputación de Barcelona, habría tardado siete años en completar una investigación que culminó con una macrooperación en una fecha tan señalada como la de ayer.

Una treintena de detenidos

La cifra de detenidos en la operación efectuada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) fue bailando según el momento del día y el medio consultado, llegando hasta los 29 recogidos por varios de ellos. No se conocía, al cierre de esta edición, la implicación de todos los detenidos, dado que muchas de los arrestos apenas fueron detenciones técnicas que duraron lo que se alargaron la veintena de registros realizados.

Sin ir más lejos, el principal señalado por la investigación, el expresidente de la Diputación de Barcelona por CiU Salvador Esteve, fue puesto en libertad con cargos una vez acabado el registro en la sede de la institución. Entre los detenidos también destaca un dirigente de larga trayectoria en Convergència como es Víctor Terradellas, hoy en día vinculado a la fundación CATmón, dedicada a la internacionalización de la nación catalana. El organismo sería, según el juez, uno de los beneficiados por un fraude en las subvenciones cuya cuantía los medios españoles tampoco fueron capaces de consensuar. Algunos hablaron de dos millones de euros, otros de diez. El sumario está bajo secreto, por lo que toda cifra emitida obedece a filtraciones imposibles de contrastar.

El «caso Dalmases»

La obsesión por mezclar paja y grano, y vincular la operación de ayer al proceso soberanista quedó de manifiesto en lo ocurrido con el diputado de Junts per Catalunya Francesc de Dalmases, miembro de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y director de las revistas “ONGC” y “Catalan International View” antes de dar el salto al Parlament en las listas del president exiliado Carles Puigdemont. Varios periódicos anunciaron su detención a primera hora de la mañana. El problema es que era mentira.

«Queridos, queridas, que nadie sufra por mi. Estoy bien y trabajando con normalidad. Somos y no nos harán callar, ¿verdad? ¡Seguimos!», escribió el propio afectado ayer en las redes sociales mientras digitales como el de “El País” relataban su supuesta implicación «con el millonario fraude».

Albiol ofrece al PSC la Alcaldía de Badalona para echar a Sabater

El bloque del 155 no parece limitarse a la aplicación del citado artículo de la Constitución. A un año de unas elecciones municipales que se prevén de alto voltaje, el líder del PP en Catalunya y exalcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha ofrecido esta semana un regalo envenenado al líder del PSC en la tercera ciudad más grande de Catalunya, Àlex Pastor: apoyarle en una moción de censura como nuevo alcaldable para echar así del consistorio a Dolors Sabater, que conquistó la Alcaldía al frente de una candidatura en la que, a diferencia de lo que ocurrió en Barcelona, confluyeron la CUP y los comuns –con más peso para la primera formación–.

Aunque las elecciones del 2011 las ganó Albiol (10 concejales) con su mensaje xenófobo («Limpiando Badalona»), por primera vez en años la oposición pudo sumar fuerzas para apartarlo de la Alcaldía. Así, los concejales de PSC, ERC, ICV-EUiA votaron a favor de la candidata de la segunda fuerza, Dolors Sabater, cuyo mandato ha estado marcado por la desactivación de las medidas más retrógradas de Albiol.

El PSC (cuatro ediles), que se ha ido alejando del equipo de gobierno a raíz de su posicionamiento el 1-O, debe decidir ahora si acepta el ofrecimiento de Albiol, que llega con fecha de caducidad incorporada: mayo de 2019. En esa fecha, Albiol confía en poder recuperar para el PP la única plaza capaz de aguantar, previsiblemente, el empuje de Ciudadanos.B.Z.

Nueva euroorden de detención, esta vez contra el rapero Valtònyc

A la justicia española se le acumula el trabajo en Europa. Ayer, tras concluir el plazo de ingreso voluntario en prisión, la Audiencia Nacional española dictó sendas órdenes de detención estatal e internacional contra el rapero mallorquín Valtònyc, condenado a tres años y medio de cárcel por injurias a la corona, por «enaltecimiento del terrorismo» y por «amenazas». Todo por las letras de varias canciones.

El miércoles varios medios informaron de que Valtònyc se habría refugiado en Bélgica, pero el grupo de apoyo al rapero no ha confirmado ni desmentido ninguna información al respecto. El último testimonio público de Valtònyc fue a través de un tuit escrito el pasado miércoles: «Mañana es el día. Mañana van a tumbar la puerta de mi casa para meterme en la cárcel. Por unas canciones. Mañana España va a hacer el ridículo, una vez más. No se lo voy a poner tan fácil, desobedecer es legítimo y obligación ante este estado fascista. Aquí no se rinde nadie».GARA