«Los hechos ocurridos en la localidad navarra que se saldaron con lesiones leves han sido castigados con penas de hasta 13 años de cárcel, mientras que, simultáneamente, otros casos parecidos se han saldado con condenas que no implican ni siquiera el ingreso en prisión», afirma la carta escrita por los eurodiputados de EH Bildu, PNV, IU, Podemos y BNG.

Los eurodiputados recuerdan en su carta remitida a la Comisión Europea que su vicepresidente, Frans Timmermans, aseguró en setiembre de 2017 que estaba «siguiendo el caso de cerca», aunque recordó que la sentencia depende del sistema judicial español, que «debe ajustarse a la Carta Europa de Derechos Humanos».

En este sentido, el propio Timmermans destacó la importancia de «respetar el derecho a un juicio justo» y recordó que la última Directiva europea sobre terrorismo «facilita una serie de reglas para definir a terroristas y ataques relacionadas con el terrorismo». Los eurodiputados recordaron que el juez no incluyó en su sentencia el delito de «terrorismo», uno de los que había solicitado la Fiscalía, pero que hay tres cuestiones «llamativas» que habrían propiciado «la extremada dureza de las penas».

«La sentencia omite la imputación objetiva de conductas a cada condenado, se utiliza el concepto de 'coautoría funcional' para agravar al extremo las penas y, además, la Audiencia Nacional le hurtó la causa al tribunal local, que debió analizarla al no apreciarse delito de terrorismo», denuncian los parlamentarios.

Así, reclaman al Ejecutivo comunitario «que valore si las penas impuestas a los procesados cumplen con el artículo 493 de la Carta de Derechos Fundamentales», relativo a la proporcionalidad de las penas. Por último, los eurodiputados preguntan a la Comisión Europea por los mecanismos que podría activar «para corregir esta flagrante vulneración de los tratados», en caso de que se constate que ésta se haya producido.