Se tratan de coches particulares que llevan pasajeros a los que cobran de forma ilegal, por lo que pueden ser denunciados con sanciones que van desde los 1.301 euros hasta los 2.600, según la Ley del Taxi.

La Policía Municipal afirma en un comunicado que esta actividad supone un riesgo para los clientes y una competencia desleal para el transporte público, por lo que recomienda no hacer uso de estos vehículos.