La Fiscalía ha recurrido la condena de la Audiencia Nacional española a dos años de prisión para cuatro jóvenes de Errenteria y Beasain por los incidentes en una manifestación en Iruñea el 11 de marzo de 2017, al entender que actuaron «siguiendo las directrices del entramado de ETA» y «cometieron por ello un delito terrorista».

En el recurso a la sentencia de la sección segunda de la Audiencia Nacional presentado ante la Sala de Apelaciones de este tribunal, el fiscal José Perals insiste en que «el delito de desórdenes públicos al que fueron condenados los jóvenes debería haberse calificado como terrorista», lo que aumentaría sus penas hasta los 7 años de prisión.

La sentencia sostiene que «no ha quedado acreditado que los acusados actuaran con la protección o amparo de la organización terrorista ETA o de ninguna otra», pero el fiscal afirma que lo ocurrido «no fue una simple algarada o unos desórdenes públicos comunes realizados casualmente por un grupo de jóvenes».

El fiscal Perals ha puesto el recurso el mismo día que el realizado contra la condena de la Audiencia Nacional a los ocho agresores de dos guardias civiles en Altsasu por él mismo.