Los magistrados Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo y Antonio Del Moral explican en una providencia que la actuación formulada por Torrent no cumple el requisito de «procedibilidad» exigido en el artículo 406 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) «al haber sido presentada denuncia y no querella». Por tanto, acuerdan su archivo, sin perjuicio de que el presidente de la Cámara parlamentaria catalana utilice su derecho a interponer una querella.

El presidente del Parlament formuló el pasado 15 de junio una denuncia contra el juez Pablo Llarena y contra los magistrados de la Sala de apelaciones Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro –que estudian los recursos interpuestos contra las decisiones del instructor– por los presuntos delitos de prevaricación judicial y detención ilegal.

Argumentos

La denuncia sostenía que mantener en prisión preventiva a líderes independentistas procesados en esta causa, alguno de ellos diputados, supone la comisión de delitos contra los derechos fundamentales, recordando que los parlamentarios gozan de inmunidad, por lo que deberían haber sido liberados al ser elegidos el 21-D.

Consideraba Torrent que mantenerles privados de libertad es un «ataque contra la división de poderes, el autogobierno y la autonomía parlamentaria» ya que el Parlament tiene autonomía organizativa e inviolabilidad en el ejercicio de sus funciones, entre las que está investir al presidente de la Generalitat sin interferencias de ningún otro órgano.

La denuncia argumentaba que los magistrados del Supremo estaban alterando con sus decisiones «la garantía de imparcialidad e independencia judicial como paso previo a irrogar un tratamiento judicial desfavorable para con los diputados del Parlament», vulnerando sus derechos procesales y fundamentales con planteamientos extraprocesales.

Además atribuyó a estos magistrados la «sistemática y reiterada infracción de los principios de objetividad y de imparcialidad» que deberán instruir y juzgar un procedimiento con evidente repercusión y raigambre política.

No se quedará «de brazos cruzados»

Tras el archivo por parte del Supremo Torrent ha asegurado que no se quedará «de brazos cruzados».

«Nos temíamos que el TS podía presentar esta excusa y argumento para no depurar responsabilidades y desestimar la denuncia. No nos quedaremos de brazos cruzados, ni quietos ni pasivos, y seguiremos reclamando responsabilidades», ha señalado Torrent en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Sobre qué vías de actuación se tomarán tras esta decisión del TS, el presidente del Parlament ha sugerido que «hay diferentes opciones sobre la mesa» que ahora se analizarán y que se ejercerán, aunque ha evitado especificar si será la de presentar una querella.

De hecho, ha defendido que tras ser «asesorado por los letrados» del Parlament, se «interpretó que el artículo 406 de la Ley Orgánica del Poder Judicial permitía y no excluía la vía de la denuncia», que finalmente fue redactada por el Gabinete de la Presidencia del Parlament y firmada por el propio Torrent «en nombre del conjunto de la Cámara», ha relatado.

Torrent ha defendido el haber interpuesto esta denuncia porque se «ejecutó el acuerdo de la Mesa del Parlament que, los días 13 y 24 de abril, acordó la interposición de acciones penales ante la intromisión sistemática del TS en el normal funcionamiento del Parlament» y la «vulneración» del derecho de algunos diputados.