El Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros 24 líderes independentistas imputados en la causa que instruye el juez Pablo Llarena por el papel desempeñado por estos en el procés.

En concreto, son 13 los procesados por «rebelión», entre ellos el propio Puigdemont y el exvicepresident Oriol Junqueras. Además de los citados, los acusados son Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Antoni Comín, Dolors Bassa, Clara Ponsatí, Raül Romeva, Carme Forcadell, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez y Marta Rovira.

El delito de «desobediencia» recae en 12 personas –Josep Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet, Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila, Meritxell Serret, Mireia Boya y Anna Gabriel–, y del total de 25 procesados 14 están acusados de «malversación de fondos públicos».

Los magistrados consideran «suficientemente razonable» calificar los hechos del 1-O como delito de «rebelión» al considerar que existió un «alzamiento» con un uso «torticero» del poder para conseguir la independencia de Catalunya «al margen de la Ley».

Rechazan que el 1-O fuera una jornada en la cual se ejerció el derecho a voto al considerar que ya hay «elecciones libres en Cataluña y España donde se expresan los ciudadanos.

Sobre la «malversación», el tribunal de apelación dice que «hubo un sistema de engaño» que ocultaba el destino de las cantidades a otros fines relacionados con el referéndum del 1 de octubre.

En cuanto al delito de «desobediencia» que afecta a algunos de los imputados, la sala considera que el argumento de la defensa –que sostenía que los líderes independentistas se acogieron al reglamento del Parlament– no es válido porque «desobedecieron de manera continuada al Constitucional, con unas resoluciones que fueron convenientemente notificadas».

La confirmación del procesamiento supone el paso definitivo hacia la suspensión de los cargos públicos que ostentan los acusados, en el caso de Puigdemont y Comín por ejemplo.