El Ejecutivo foral sostiene en su recurso que «la gravedad de la pena impuesta y de la aún más grave» que ha solicitado que se les imponga en su recurso de apelación contra la sentencia «es un dato objetivo que no debe desconocerse, en relación con la propia gravedad de los hechos declarados probados en la sentencia recurrida», varios de cuyos pasajes se recuerdan en el recurso.

Otro de los argumentos del recurso se basa «en la relevancia e importancia de los bienes jurídicos protegidos: libertad e indemnidad sexuales y, dignidad de la persona humana y los derechos inherentes a la misma, lo que exige tenerlos muy en cuenta de una forma intensamente cualificada, lo que no ha hecho la Audiencia Provincial», según señala el Gobierno navarro.

En relación con el riesgo de fuga, el Ejecutivo discrepa en su recurso de la tesis mantenida por la Audiencia de Nafarroa, recordando lo que ya dijera en los escritos de 23 de setiembre de 2016 y de 15 y 16 de junio de 2017, en oposición a la solicitud de libertad provisional de los entonces procesados primero, acusados después, y ahora condenados, destacando que «las circunstancias no han cambiado», reiterando por tanto su «oposición a considerar un supuesto arraigo familiar y social de los cinco condenados a los efectos de posibilitar su libertad provisional mediante la prestación de fianza».

El Gobierno cita también «la existencia de la instrucción actualmente en curso en el Juzgado de Pozoblanco (Córdoba), considerando improcedente lo que se dice en el auto de la Audiencia Provincial respecto de la insolvencia de los condenados, en cuanto los hechos desmienten que dicha insolvencia pueda actuar como freno a su eventual fuga, pues en menos de 24 horas han sido capaces de depositar la fianza».

En el recurso se discrepa también de lo que se dice por la Audiencia navarra respecto de la facilidad para su localización por las Fuerzas de Seguridad del Estado «sin mayor esfuerzo dada la notoriedad de su pérdida de anonimato, pues la misma no se produce más allá de nuestras fronteras».

«Ni la repercusión social ni la pérdida de anonimato a que se refiere la Audiencia Provincial son argumentos», dice el Gobierno encabezado por Uxue Barkos en su recurso, «para considerar que no hay riesgo de reiteración delictiva, sobre todo si se tiene en cuenta que los acusados en ningún momento han reconocido la comisión de delito alguno, por lo que nada les impediría realizar actos de la misma naturaleza que entienden legítimos».

En opinión del Gobierno foral, «debe tenerse en cuenta especialmente la protección de la víctima a la que se sitúa indudablemente en riesgo por la puesta en libertad provisional de los condenados».

Por último, y haciéndose eco de que Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de ‘La Manada’ intentó obtener el pasaporte a pesar de la prohibición de salir del Estado, el Gobierno de Nafarroa solicita a la Audiencia que «adopte las medidas oportunas para esclarecer lo ocurrido, solicitando los correspondientes informes a la autoridad competente».