A la espera de hechos que confirmen el anuncio del presidente español sobre cambios en la política penitenciaria, ayer fue el lehendakari de la CAV, Iñigo Urkullu, quien dio algunas pistas. A la evidencia de que habrá «una graduación» en los traslados a Euskal Herria o cárceles cercanas le sumó la confirmación de que existe «una casuística muy trabajada, no solo ahora sino en legislaturas anteriores».

De hecho, ‘‘El País’’ a mediados de mayo, cuando todavía gobernaba Mariano Rajoy y no había salido siquiera la condena del caso Gürtel que iba a precipitar la moción de censura, reveló que Instituciones Penitenciarias estaba realizando informes sobre 40 presos concretos, con vistas a medidas como las que ahora se plantea Pedro Sánchez.

En un acto de la eurorregión que conforman Nafarroa, CAV y Aquitania, celebrado ayer en Iruñea, Urkullu apuntó que en esa graduación se atenderá no solo a las enfermedades graves y la edad, como anunció el presidente español el martes, sino también a si el cumplimiento de penas está avanzado y si tienen «delitos de sangre» o no.

Primer grado, otra cuestión

Perdida al parecer la esperanza de vetar los acercamientos, desde la caverna mediática española, PP y C’s se atrincheran ahora en otro frente: impedir permisos o excarcelaciones, una opción que sería también plenamente legal si a los presos vascos se les aplicara la norma habitual y se les sacara del primer grado sistemático.

Preguntada por ello, la portavoz, Isabel Celaá, negó que el Gobierno vaya a promover esas excarcelaciones, por una razón obvia: al contrario que los acercamientos, la progresión de grado compete a las Juntas de Tratamiento de las prisiones y a los tribunales. Sobre los traslados, Celaá reiteró que se comenzará por los «enfermos terminales y los que tienen 70 años», pero añadiendo acto seguido que «esto no agota el sistema»

Movilizaciones

Ayer, último viernes de junio, se concentraron por los presos en Añorga (21), Soraluze (58), Oñati (55), Ermua (43), Elorrio (63), Usansolo (18), Bergara (30), Lekeitio (86), Gares (25), Villabona (55), Elgeta (40), Pasai Antxo (45), Legorreta (17), Ondarroa (136), Getaria (30), Durango (65), Zizurkil (35), Zornotza (67), Agurain (33), Bera (18), Zuia (80), Bermeo (26), Zestoa (53), Berango (25), Donosti (121), Lezo (18), Antzuola (12), Sondika (8), Deba (46), Iurreta (10), Zarautz (108), Mutriku (60), Lizarra (34), Zumaia (40), Lemoiz (9), Zaldibia (103), Orio (34), Larrabetzu (67), Etxalar (12), Galdakao (81), Iruñea (170), Gasteiz (320), Sopela (60), Busturia (17), Murueta (6), Erromo (50), Irunberri (35), Hernani (125), Burlata (43), Aulesti (83), Arraia-Maeztu (17), Gernika (62), Lazkao (58), Andoain (32), Lizartza (43), Amurrio (50), Muxika (20), Irurtzun (26), Bakio (46), Betelu (60), Oiartzun (55), Ares0 (15), Leitza (25) y Asteasu (70). El jueves lo hicieron en Donibane (48), Antsoain (14), Txantrea (51) e Iturrama (20). El miércoles, Atarrabia (32). El lunes, Gernika (34), Euba (7), Iurreta (28), Ondarroa (33), Zaldibia (11), Iruñea (43), Laudio (16) y Altza (18). Y el fin de semana, 45 en fiestas de Muskiz.

Barcelona se implica por la paz y los presos

Tres semanas después de la jornada ‘‘Construit la pau’’ que reunió en Barcelona a víctimas y expertos vascos y catalanes y a políticos de aquel país, el Ayuntamiento de la capital aprobó ayer una «declaración por la paz en el País Vasco». En aquella jornada, el Foro Social Permanente había pedido a los políticos catalanes que impulsaran una «corriente de opinión» a favor de avances en Euskal Herria. Este es el primer resultado.

La declaración fue acompañada además de una fotografía conjunta con mucho significado: en ella, junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y a representantes de los grupos Barcelona en Comú, PdCat, ERC, PSC, CUP y un edil no adscrito (que respaldaban el texto), estuvieron la miembro de Etxerat Patricia Vélez y Teresa Toda (ambas en representación del Foro Social Permanente), así como Robert Manrique, que fue herido grave en el atentado de ETA en Hipercor, es referencia de primer orden de las víctimas en Catalunya y dirige ahora unidad de asistencia a estas personas.

La declaración tiene cuatro puntos. El primero hace bandera de los derechos humanos como «eje central y única referencia para la convivencia en el País Vasco», con la no repetición como horizonte. El segundo defiende los principios de verdad, justicia y reparación para «todas las víctimas del terrorismo de ETA, así como el resto de expresiones de violencia que han tenido lugar a lo largo de 50 años de conflicto».

El tercer punto tiene plena actualidad. El Ayuntamiento de Barcelona anima a «aplicar una política penitenciaria favorable al acercamiento de los presos a cárceles próximas a sus lugares de origen o de residencia de sus familiares y allegados, al trato humanitario de las personas presas que sufren enfermedades, así como a la acumulación de las penas cumplidas en otros estados». Y el último consiste en «exhortar a las personas presas a que reconozcan el daño causado, con el fin de avanzar hacia la reconciliación y el reconocimiento mutuo entre las distintas víctimas del conflicto».R.S.