La Fiscalía Anticorrupción ha informado de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona ha ordenado la entrada y registro en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares del Estado para completar la investigación sobre la empresa Aplicaciones Gespol, S.L. (integrada actualmente en el grupo Valoriza servicios medioambientales).

Esa compañía habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local.

El juzgado de Badalona ha autorizado la práctica de entradas y registros en los ayuntamientos de Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lleida, Majadahonda, Mollet del Vallés, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Plasencia, Torrelodones y Villaquilambre.

Además, el juzgado ha ordenado la práctica de requerimientos de documentación, que deberán ser cumplimentados en presencia de la Policía, en Gasteiz, así como en la Diputación de Alicante y en los siguientes municipios: Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Rubí, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandia, Logroño, O’Grove y Sant Vicent del Raspeig.

El alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, ha confirmado en una entrevista radiofónica que se ha recibido un «requerimiento judicial para recabar información sobre una serie de expedientes», pero no ha dado más datos ya que según ha detallado se están recopilando.

La operación, denominada «Enredadera», en la que participan 580 policías, está a cargo de la UDEF y «se prevé asimismo la práctica de detenciones que afectarán a diversas autoridades y funcionarios de los municipios referidos, así como su puesta a disposición judicial al objeto de decidir sobre su situación personal».

Fuentes policiales citadas por Efe han explicado que las pesquisas se iniciaron en ese juzgado y se extendieron después a municipios de otros territorios, en relación con una trama que presuntamente manipuló licitaciones en ayuntamientos para adjudicar aplicaciones informáticas de gestión del tráfico rodado.

En el centro de esta trama estaría la empresa Aplicaciones Gespol, perteneciente al Grupo Sacyr, que comercializa productos para la regulación del tráfico que pueden detectar las infracciones de los vehículos en los semáforos.