La consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, se ha reunido en Barcelona con familiares de los jóvenes condenados a hasta 13 años de prisión por la trifulca con dos guardias civiles, para «conocer de primera mano su sufrimiento», y ha asegurado que su conselleria defenderá los derechos fundamentales.
Fragmento de la rueda de prensa posterior a la reunión con @estercapella en el Departament de Justícia de #Catalunya. #AltsasukoakAske pic.twitter.com/nbdWCJwzPp
— Altsasu gurasoak (@Altsasugurasoak) July 5, 2018
En declaraciones tras la reunión, ha afirmado que el caso de los jóvenes, que estaban acusados de terrorismo, «demuestra que la legislación antiterrorista debe aplicarse exclusivamente en los casos que prevé la ley» porque, si no, «se pueden vulnerar derechos fundamentales». Ha resaltado que «las instituciones deben velar por que sean garantizados los derechos fundamentales, y reparar y restaurar los que hayan podido ser lesionados», y se ha comprometido a buscar espacios institucionales para llevarlo a cabo.
En la reunión han estado Isabel Pozueta, Antxon Ramírez, Edurne Goikoetxea, Igone Goikoetxea, Koldo Arnanz, y los representantes de la Coordinadora de la abogacía de Catalunya Olga Amargant y Jordi Domingo. Pozueta ha atendido a los medios tras la reunión y ha explicado que su visita se enmarca en su voluntad de «socializar un caso de injusticia claro» contra los jóvenes y ha destacado que han sentido empatía con la consellera y el Govern, ya que «entienden de qué hablan».
«Estamos hablando de cosas bastante parecidas o realidades muy paralelas», y ha recordado que las familias piden proporcionalidad y el acercamiento a la cárcel de Iruñea, y siguen trabajando porque estén libres y vuelvan a casa. Ha añadido que la sentencia es «injusta y desproporcionada» y «causa una situación de dolor inmensa». También ha asegurado que sienten en Catalunya «la empatía del pueblo catalán».