Pedro Sánchez y Quim Torra, dos presidentes imprevistos, se reunieron ayer durante dos horas y media en la Moncloa, escenificando la apertura de un diálogo con escasas oportunidades de convertirse en negociación política de fondo. El dirigente catalán regaló al español una botella de ratafia, contundente licor tradicional elaborado a base de aguardiente, nueces verdes y una interminable –y a menudo secreta– lista de hierbas. El resultado final es producto de una maceración realizada a sol i serena, es decir, a la intemperie: el calor del día acelera un proceso que la humedad y el fresco de la noche paran en seco. En el caso de la ratafia basta con 40 días de maceración. En el caso de las relaciones entre Barcelona y Madrid va a hacer falta bastante más; han sido demasiadas noches a la intemperie sin sol mañanero que calentase.

Sánchez, presidente gracias a los votos de los partidos catalanes, necesita demostrar un talante distinto al de su predecesor. Torra, con las vías unilaterales taponadas por fuerza mayor –el referéndum no pactado y la DUI son cartuchos quemados para un rato–, no puede hacer ascos a una normalización que puede dar sus frutos menores. El acercamiento de los presos o el levantamiento de los recursos de leyes catalanas ante el TC son dos ejemplos. Hasta aquí las bases del tímido diálogo establecido ayer, sobre el que las expectativas son tan limitadas que sus más insignes impulsores se contentaron con que dejase la puerta abierta a un segundo encuentro en setiembre. Será en Barcelona.

Pero el diálogo sigue siendo, en gran parte, un monólogo. Lo mostró, primero de todo, la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, al valorar la reunión: «No hay posibilidad del derecho a la autodeterminación». Y tras ella, en las antípodas, el propio Torra: «Toda solución política pasa por la autodeterminación».

En un tuit escrito en catalán, Sánchez aseguró que «una crisis política requiere de una solución política», pero nada hace pensar que, tras las buenas palabras y una cordialidad que nunca está de más, haya nada nuevo. La consulta sobre el futuro político de Catalunya sigue siendo una línea roja en Madrid y, mientras así siga siendo, resulta imposible creer que pueda haber una solución política al conflicto. El calendario, caprichoso, hizo coincidir la reunión de ayer con el aniversario, hoy, de la primera gran manifestación soberanista del actual ciclo político: la celebrada el 10 de julio de 2010 en respuesta a la sentencia que tumbó el Estatut. Aquel día, bajo el lema «Som una nació», los manifestantes cargaron contra el PP y el TC, pero también contra sus propios dirigentes, en especial contra el president, José Montilla, del PSC.

Aquello fue un punto de inflexión sistémico, una brecha en la arquitectura institucional apuntalada en 1978 que no ha hecho más que agrandarse. El constitucionalista Javier Pérez Royo lleva tiempo calificando aquella sentencia de golpe de estado. Escuchando a Calvo, que ayer zanjó el tema de la autodeterminación considerando que Catalunya ya tiene un «altísimo» autogobierno, no parece que vaya a ser Sánchez quien subsane aquel agravio sin el cual no se explica nada de lo que ha ocurrido en Catalunya en estos ocho años.

La reforma constitucional, el melón que el PSOE promete abrir cada vez que necesita seducir a Catalunya, ni siquiera estuvo ayer encima de la mesa. No es una demanda catalana. Es una promesa del propio PSOE al PSC, sellada en julio de 2017 en la llamada Declaración de Barcelona. De hecho, ni siquiera hablaron, según aseguró Torra, de la propuesta de una convención constitucional propuesta por el lehendakari Iñigo Urkullu como fórmula para sacar la iniciativa de un ámbito parlamentario en el que PP y Ciudadanos bloquean cualquier avance.

Comisión bilateral en marcha

El titular con el que Moncloa trató de presentar el resultado de la reunión fue la resurrección de la comisión bilateral entre ambos gobiernos, un espacio de encuentro en desuso desde 2011 y que estará comandado por Meritxell Batet por parte española, y por Ernest Maragall por parte catalana. Compartieron militancia en el PSC. Este será, a priori, el canal que la Moncloa y la Generalitat dejarán abierto para explorar el diálogo a niveles secundarios de la administración, a través de los cuales podrían desencallarse buena parte de los 45 incumplimientos españoles que tanto Artur Mas como Carles Puigdemont pusieron encima de la mesa en su día. Torra, sin embargo, restó importancia a este punto de la reunión, centrándose en destacar la importancia de haber podido dialogar por primera vez «de forma sincera de todo».

Especial relevancia tenía el levantamiento de los numerosos recursos de inconstitucionalidad contra leyes del Parlament. Ayer, la vicepresidenta avanzó ya que retirará los presentados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy contra las leyes catalanas referidas al cambio climático, la universalización de la sanidad pública y contra la pobreza energética, lo cual, sin embargo, no garantiza su vigencia.

Como los recursos contaron en su día con el informe favorable del Consejo de Estado, cualquier particular puede ahora presentar su recurso con amplias posibilidades de ver cómo prospera.

La AN impide a Carrasco visitar a su madre

Tamara Carrasco, la activista del CDR de Viladecans detenida en marzo acusada por la Guardia Civil de «terrorismo», no puede viajar 15 kilómetros para visitar a su madre, que no puede moverse de Sant Vicenç dels Horts por motivos médicos. Vayamos por partes. El juez de la Audiencia Nacional española Diego de Egea retiró a Carrasco la acusación de «terrorismo« y la dejó en libertad, imputada por desobediencia. Entre las medidas cautelares decretadas está la de no poder salir de Viladecans más que por motivos médicos o laborales. En un auto dictado ayer, el juez descartó traspasar el caso al juzgado de Viladecans –pese a haber descartado el delito de «terrorismo»– y denegó el permiso a Carrasco para poder salir de su municipio, recorrer 15 kilómetros y visitar a su madre, que no puede moverse debido a una reciente intervención médica.GARA

En marcha el traslado de Turull, Rull y Forn a cárceles catalanas

Más allá de la discrepancia nominal –Torra habló de presos políticos, Moncloa de políticos presos–, tanto la parte catalana como la española acordaron dejar ayer la carpeta judicial fuera del orden del día. Al menos del que se dio a conocer públicamente. Sin embargo, los movimientos en este ámbito resultan evidentes. Los presos Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn, que todavía estaban en la cárcel de Estremera porque presentaron los recursos contra el alejamiento algunos días más tarde, iniciaron ayer el periplo que les llevará hasta la cárcel de Lledoners, en la provincia de Barcelona, donde ya están Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras y Raül Romeva –Carme Forcadell y Dolors Bassa, por su parte, están ya en la prisión de Puig de les Basses, en Figueres (Girona)–.

A la espera de que el juez del Supremo suspenda de sus cargos públicos a los diputados presos y exiliados, otro río que suena desde hace días con fuerza es el de las posibles negociaciones entre la Fiscalía y algunos de los abogados de dirigentes catalanes represaliados. El primer aviso lo dio, de hecho, el letrado Gonzalo Boye, miembro del equipo de defensa de Carles Puigdemont y de los exiliados en Bruselas. En una entrevista en Vilaweb consideró que «sería un error» llegar a acuerdos con la Fiscalía y aceptar una condena a cambio de una rebaja de la pena. Una opinión que también han suscrito, en los últimos días, otros dos abogados de dirigentes catalanes, Jaume Alonso-Cuevillas y Andreu Van den Eynde. Nadie ha salido de momento a defender tales acuerdos con la Fiscalía, ni está acreditado que esas negociaciones existan, pero lo cierto es que ayer la nueva fiscal general, María José Segarra, tuvo que salir al paso de los rumores para asegurar que «a día de hoy no hay ningún cambio en la posición de la Fiscalía». Preguntada sobre las supuestas negociaciones, Segarra se limitó a apuntar que la Fiscalía se pronunciará a través de su escrito de acusación, una vez el juez Llarena cierre la instrucción.B.Z.